En atención a la necesidad de brindar apoyo oportuno a las mujeres víctimas de violencia en todo el territorio nacional, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, recomendó hoy priorizar la implementación de casas refugio, que permitan proteger y propiciar la recuperación integral de las afectadas.
Durante la presentación del Informe de Adjuntía, «Balance sobre el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015», Vega señaló que la instalación, implementación y funcionamiento de las casas refugio constituye una responsabilidad del Estado. No obstante, en la actualidad, sólo existen 47 casas de refugio en el todo el territorio nacional, que no bastan para atender la problemática de la violencia a nivel nacional. A nivel nacional, sólo 9 municipalidades han implementado casas de refugio.
También expresó su preocupación porque, pese a los innegables avances reportados por los sectores involucrados, las metas previstas en el Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 para los tres primeros años de su aplicación no se han alcanzado en su mayoría.
En ese contexto, el funcionario recomendó a todos los sectores del Estado concernidos en la lucha contra la violencia hacia la mujer, elaborar y validar -con carácter de urgencia- un Plan de Trabajo para el periodo 2014-2015, a fin de identificar los puntos más críticos de dicha problemática y de brindar atención prioritaria a las mujeres de los sectores más pobres del país.
Vega Luna solicitó al Congreso de la República crear una base de datos única y nacional sobre violencia de género que contenga la información de los diversos sectores y entidades vinculados al tema. De esta manera, consideró, se podrá construir un diagnóstico claro y plantear políticas públicas que permitan mejorar la lucha contra dicho problema.
Añadió que dicho instrumento debe contar con datos de instituciones como por ejemplo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), del Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Salud, así como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ser entidades que atienden a las mujeres víctimas de violencia en todo el territorio nacional.
Asimismo, sostuvo que es imprescindible un incremento del presupuesto debido a que en el 2012, de los seis sectores que deben incorporar una meta presupuestal destinada a luchar contra esta problemática sólo el MIMP y el MININTER cumplieron con dicha obligación. A esto se suma que, respecto al presupuesto destinado por los sectores supervisados, salvo en el caso del MIMP, éste representa un monto mínimo que no alcanzó, ni en el mejor de los casos, el 3 por ciento.
Por su parte, Carolina Garcés, Adjunta para los Derechos de la Mujer, señaló que si bien el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector en dicha materia, no es el único organismo responsable de implementar las acciones previstas en el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015.
Asimismo, recordó que sólo 8 gobiernos regionales (Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Callao, Tacna, Cusco, Lima y Piura) asignaron recursos para reducir la violencia de género durante el 2011, la mayor parte de los cuales se destinaron a acciones aisladas y no sostenibles.
Además, destacó la importancia del acompañamiento del MIMP a los funcionarios y funcionarias de los gobiernos regionales y locales para la implementación del Plan Nacional. Si bien, en el 2012, el Plan de Asistencia Técnica elaborado por el ente rector para tal fin permitió que el 56 por ciento de los decisores de los gobiernos regionales recibieran asistencia técnica en dicha materia, en el caso de los gobiernos locales sólo se logró capacitar al 0.9 por ciento.
Finalmente, la funcionaria indicó que también se requiere cumplir con incluir en la currícula policial un curso regular de género y derechos de las mujeres, lo que permitiría mejorar la calidad de la atención. Debemos tener en cuenta que, de acuerdo a la ENDES 2012, el 75.4% de las mujeres víctimas de violencia de género que deciden denunciar acude a las comisarías en busca de ayuda.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú