En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, deseo expresar este 8 de marzo, Día Nacional e Internacional de la Mujer, un cordial y respetuoso saludo para todas las salvadoreñas que diariamente con inteligencia, esperanza y ahínco, son protagonistas de la construcción de un El Salvador más equitativo y justo para todas y todos.
De conformidad con las atribuciones constitucionales que me han sido conferidas y que se encuentran establecidas en el artículo 194 romano I, ostento el deber de vigilar especialmente el cumplimiento de los derechos humanos de las Mujeres en un contexto de violencia y discriminación de género.
Deseo expresar mi congratulación por la reciente aprobación y sanción de la Ley de Partidos Políticos que contempla un porcentaje mínimo de participación para las mujeres a fin de que puedan optar a cargos de elección popular. Si bien tal decisión es un hito histórico y representa una medida de acción positiva, los subsiguientes esfuerzos deben estar encaminados a lograr el integral cumplimiento del principio de paridad.
Igual atención merece la situación que las mujeres enfrentan en el rubro de la Salud. Durante mi gestión he insistido que el abordaje de este derecho humano debe realizarse desde un enfoque integral, atendiendo a los requerimientos y necesidades particulares de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo de sus vidas. Es urgente redoblar esfuerzos que permitan disminuir y erradicar las causas de morbilidad y mortalidad en El Salvador. Muy poco se alude a la promoción de salud mental como premisa fundamental para alcanzar un bienestar pleno.
No debe soslayarse el tema de violencia de género contra la mujer y su relación con el Derecho a la Salud. La violencia física, psicológica, sexual y otras, producen consecuencias en muchas ocasiones irreversibles en el bienestar físico y mental de quienes la enfrentan.
De la misma manera, las precarias condiciones que las mujeres trabajadoras deben superar cada día, minimizan sus posibilidades de alcanzar una vida digna: despidos injustificados, no pagos de indemnización, acoso sexual y laboral, negación de vacaciones anuales, permisos personales, discriminación por razones de embarazo, vulneración a la libertad sindical, malos tratos a mujeres sindicalistas, entre un sinfín de hechos violatorios que esta Procuraduría ha constatado desde su labor de defender el respeto y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Finalmente, quiero referirme a la coyuntura que las mujeres habitantes de la zona rural afrontan diariamente: el trabajo reproductivo no es reconocido en las cuentas nacionales, la falta de acceso a recursos (salud, educación, vivienda digna), capacitación y préstamos financieros. Desde esta Procuraduría se están realizando los esfuerzos necesarios para que la Honorable Asamblea Legislativa apruebe una Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional con enfoque de género así como la incorporación de las necesidades específicas de las mujeres a la actual Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Expreso mi reconocimiento para las Mujeres Indígenas, para las Adultas Mayores y Mujeres con Discapacidad, quienes forman parte de la sociedad y sector que contribuye al desarrollo del país, y que por tanto tienen derecho a que se les garantice sus derechos humanos en todos los ordenamientos que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce.
En mi calidad de Magistrado de Conciencia, soy de la opinión que la mejora sustancial de una realidad más equitativa para mujeres y hombres conlleva una serie de cambios a todo nivel. Uno de ellos y quizás el que más resistencia supone es la generación de nuevas masculinidades en la sociedad salvadoreña, principalmente en las altas jerarquías para que los mal llamados «asuntos de mujeres» sean abordados como una prioridad estatal.
Atendiendo al mandato constitucional regulado en el Artículo 194 romano I y el Artículo 11 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, considero pertinente que ante la «discriminación múltiple» que afecta a las mujeres principalmente por razones de género, emitir las siguientes RECOMENDACIONES:
1. A la Señora Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, adoptar las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a la función de rectoría de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, las facultades contenidas en el artículo 11 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, a fin de supervisar la ejecución de las políticas públicas a favor de las mujeres que garanticen el goce y disfrute total de sus derechos humanos.
2. A la Honorable Asamblea Legislativa: (a) Promover la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como una muestra de la buena fe y voluntad política del Estado salvadoreño en garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y (b) Garantizar el enfoque de género en la redacción de la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.
3. A la Señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, garantizar el cumplimiento en todo el Sistema Nacional de Salud, de las normativas internas en materia de procedimientos de atención para mujeres, así como, el conocimiento y acceso de las mismas a esos procedimientos, en consonancia con lo regulado en el artículo 23 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
4. Al Señor Ministro de Trabajo, dar efectivo cumplimiento a la observación 32 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitida en noviembre de dos mil ocho al Estado salvadoreño, en tanto reforzar la labor de la Unidad Especial de Género y Prevención de Actos Laborales Discriminatorios a fin de que se vigilen efizcamente las condiciones en las que laboran las mujeres, se sancione a quienes infrinjan sus derechos y no se obstaculice el acceso de las trabajadoras a la justicia.
5. Al Señor Director de la Policía Nacional Civil, a la Señora Procuradora General de la República, al Señor Fiscal General de la República, a las señoras Juezas y Jueces, garantizar el cumplimiento de las garantías judiciales y protección judicial a fin de combatir la impunidad y garantizar el derecho a la verdad a las víctimas y sus familiares.
Finalmente, reafirmo mi compromiso de velar por el respeto y garantía de los derechos de todas las mujeres en El Salvador, no únicamente en esta fecha conmemorativa, sino cada día y las insto a que reivindiquen y ejerzan sus derechos como una forma eficaz de consolidar la paz y la democracia en El Salvador.
San Salvador, 8 de marzo de 2013.
Lic. Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos