La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, comprometida con los principios de igualdad y no discriminación, refrenda en el Día Mundial de la Mujer Rural su deber para llevar a cabo la observancia de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular, específicamente de aquellos relacionados con el acceso a los recursos agrícolas y al financiamiento que les permita desarrollar actividades productivas y obtener créditos en el campo como agricultoras.
Las condiciones de pobreza en el orden alimentario y la precariedad en los ingresos monetarios, afectan el goce y ejercicio de sus derechos humanos, sobre todo a la alimentación, a la tierra y a la vivienda digna. Una constante ha sido también la falta de acceso a diferentes servicios sociales, educativos y de salud.
Aun cuando las mujeres rurales contribuyen en gran medida a la producción alimentaria nacional, han existido limitaciones de tipo legal y de usos y costumbres que las han excluido para participar y tomar decisiones en torno al otorgamiento de recursos y financiamientos agrícolas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen 5.7 millones de personas ocupadas en el campo, de las cuales aun cuando 27 por ciento son mujeres, sólo 20 por ciento de ellas son propietarias de la tierra. Además, si bien es cierto que 22 por ciento de las unidades económicas rurales están a cargo de mujeres, también lo es que la gran mayoría de ellas no recibe un salario como retribución por su trabajo y, mucho menos, cuenta con acceso al crédito y a los servicios de capacitación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido algunas quejas presentadas por mujeres rurales relacionadas con Unidades Agrícolas Industriales para la Mujer (UAIM), y las ha orientado jurídicamente, debido a que en su mayoría han sido controversias de naturaleza agraria y entre particulares, que tienen que ver con la posesión, regularización o certificación de las parcelas en las que están constituidas tales Unidades, con juicios ante los tribunales al ser despojadas de sus viviendas y, en otros casos, por la intención de los ejidatarios de enajenar su derecho a la tierra sin su autorización y consentimiento.
Este Organismo nacional considera que, como parte de las políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, deben redoblarse esfuerzos a efecto de implementar estrategias adecuadas a las necesidades de las mujeres rurales y desarrollar mecanismos interinstitucionales que les permitan una mayor integración al desarrollo económico del país.
FUENTE: Comisión Nacional de Derechos Humanos de México