El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, presentó hoy el Informe de Adjuntía N° 003: «Derecho a la salud de las mujeres víctimas de violencia: supervisión de establecimientos de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno», donde se revelan importantes datos sobre la insuficiente atención que reciben las mujeres víctimas de violencia.
Las conclusiones de esta supervisión defensorial dan cuenta de la falta de un registro único y especial para los casos de violencia contra la mujer; poca capacitación del personal que atiende a las víctimas; así como inadecuados ambientes para brindar una correcta atención.
El informe, realizado por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, fue elaborado en base a las visitas realizadas a 115 establecimientos de salud: 14 en Arequipa, 16 en Junín, 37 en Lima, 18 en Piura y 30 en Puno, departamentos que al momento del diseño del informe tenían el mayor índice de violencia contra la mujer en el país.
El Informe de Adjuntía señala que el 71% de los entrevistados y entrevistadas afirma que el servicio a su cargo no cuenta con un registro especial para los casos de violencia contra la mujer. Esto impide contar con datos para la implementación de políticas públicas en materia de prevención y atención de los casos que se presenten. De otro lado, la existencia en el Ministerio de Salud (MINSA), de cinco protocolos cuyo contenido está vinculado a la atención de la salud física y mental de las víctimas puede generar dispersión normativa dificultando la aplicación de un único modelo que contribuya a garantizar una atención de calidad.
Además, de acuerdo a lo dispuesto por las normas vigentes la cobertura de la atención a una mujer víctima de violencia no siempre es gratuita. Por ejemplo, los protocolos del MINSA sólo reconocen la atención gratuita en los casos de violencia de género maltrato y abuso sexual, lo que no permite la cobertura integral de todas las formas de violencia y en cualquiera de los servicios que brinda el MINSA.
El documento también señala que el 92% del personal encuestado brindó atención a las mujeres afectadas. Pero, de ese total, el 44% no tenía formación previa y especializada al respecto, lo que impide una correcta evaluación y atención de la víctima, lo que incluso puede llevar a una mayor afectación a su salud.
Sobre la infraestructura, el 75% del personal de salud encuestado declaró que el servicio a su cargo no dispone de un ambiente especial para atender a las víctimas. Preocupa aún más que del 25% que refirió contar con este ambiente, únicamente el 7% cuenta con un ambiente especial para brindar atención adecuada y con privacidad para la víctima; mientras que el 89% tiene que adaptar un ambiente general del servicio.
De otro lado, existe un alto grado de incumplimiento de los protocolos sanitarios para la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual. Sólo en el 46% de los casos se realizan exámenes físicos establecidos. Las pruebas de laboratorio para detectar el VIH no supera, en ningún caso, el 50%. Estas deficiencias restringen el acceso de las víctimas al sistema de justicia y no sólo dificultan su la recuperación, sino que pueden generar mayores afectaciones a su salud física y mental.
El Defensor del Pueblo recordó que en el 2010 se realizó un primer acercamiento a la problemática de la violencia contra la mujer desde la perspectiva de la salud pública, encontrándose problemas en la coordinación intersectorial y en la respuesta sanitaria para la atención de los casos. Si bien reconoció la adopción de un conjunto de medidas por parte de las instancias entonces supervisadas, como la realización de pesquisas para identificar casos de violencia o contratación de psicólogos/as, estos esfuerzos aun resultan insuficientes.
«Son avances destacables, pero todavía insuficientes. El informe que presentamos hoy evidencia una brecha entre el marco normativo aprobado y la atención que las mujeres víctimas de violencia reciben en los servicios públicos de salud», dijo Vega ante un nutrido auditorio conformado por representantes de diversos organismos públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Ante esa realidad, recomendó a las autoridades del Sector Salud aprobar el Plan Estratégico Sectorial para la Atención de la Violencia contra la Mujer, revisar los protocolos sanitarios y diseñar un único modelo de atención integral que garantice la recuperación de la salud física y mental de la víctima así como reconocer la gratuidad de la atención a las afectadas por cualquier forma de violencia de género en todos los servicios de salud
A ello sumó la importancia de mejorar la competencia del personal en materia de identificación, atención y referencia de las víctimas de violencia en los servicios de salud, incorporar el enfoque pericial para garantizar la obtención y conservación de las pruebas que acrediten la ocurrencia de las agresiones; así como garantizar que el ambiente destinado para atender a las víctimas cuenta con privacidad (auditiva y visual).
Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recomendó fortalecer la capacitación del personal de salud en enfoque de género y derechos de las mujeres; y reiteró la importancia de crear una base de datos única sobre violencia de género de carácter nacional que contenga información de los diversos servicios públicos involucrados en la atención de las víctimas de violencia.
En su momento, la Adjunta para los Derechos de la Mujer, Carolina Garcés, afirmó que «el principal objetivo de este documento es contribuir a garantizar una atención en salud de calidad para las víctimas, el respeto de sus derechos fundamentales en los establecimientos de salud y promover el enfoque multisectorial e interdisciplinario que requiere una adecuada respuesta estatal».
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú