La Defensoría del Pueblo, como institución coordinadora del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG), tiene registrado desde el año 2008 hasta el primer semestre de 2011 un total de 222 muertes violentas de mujeres, 72.1% de las cuales son femicidios, es decir, muertes de mujeres en contextos de discriminación y violencia específica.
Para la Defensoría de Pueblo es de suma preocupación estos crímenes, que según lo refleja la información recabada por el Observatorio de los medios de comunicación escritos, se cometen en 71.4% de los casos contra mujeres jóvenes, menores de 31 años, y el 44% de los mismos a manos de parejas y/o ex parejas.
Solo en el primer semestre del año en curso, han perdido la vida 28 mujeres, en un 64% víctimas de femicidio, producto de una sociedad que continúa perpetuando relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.
También es importante señalar que durante este año han quedado sin madre un total de 36 personas, en su mayoría menores de edad, quienes en el 50% de los casos presenciaron los hechos de violencia que produjeron la muerte de la madre.
Como institución rectora de los derechos humanos, hacemos un llamado de atención a las autoridades para que incluyan en las políticas públicas de combate de la criminalidad, a aquella que se comete en el hogar, donde son las mujeres, niñas y niños las personas más vulneradas en sus derechos; una familia donde se ejerce la violencia, no puede ser considerada como una institución viable para la construcción de una cultura de paz.
La Defensoría del Pueblo considera alarmante que en medio de tanta inseguridad social a la que está expuesta la población, las mujeres a su vez, tengan día a día que enfrentarse también a situaciones de violencia en los lugares o en las relaciones que generalmente se aprecian como las más seguras: la pareja, la familia, el hogar.
La lucha contra la violencia de género contra las mujeres debe iniciar por el compromiso de cada persona, en especial de aquellas tomadoras de decisiones, para que a través de sus planes, proyectos y programas, empiecen a cambiar los paradigmas culturales que son la principal limitante para el ejercicio pleno de los derechos humanos y se propugne por una sociedad más igualitaria y pacífica.
FUENTE: Defensoría del Pueblo Panamá