La Defensoría del Pueblo presentó hoy los resultados del estudio “Feminicidio en el Perú: estudios de expedientes judiciales”, el cual revela – entre otros aspectos – que existe una inadecuada respuesta del sistema judicial para condenar este delito que se comete contra las mujeres, por sus propias parejas o ex compañeros sentimentales.
El estudio realizado por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, sobre la base del análisis de 45 expedientes de los distritos judiciales de Ayacucho, Junín, Lima, Puno y San Martín, también revela que las sanciones que se imponen por este tipo de delitos suelen fijarse por debajo del mínimo legal y que los montos de reparación civil no corresponden al daño causado, llegando incluso a fijarse montos irrisorios de 800.00 nuevos soles. Esta situación, configura un lamentable mensaje de impunidad frente a la violencia contra la mujer.
La Adjunta para los Derechos de la Mujer, Eugenia Fernán-Zegarra, sostuvo que otro elemento revelador del estudio es que se han aplicado penas inferiores al mínimo legal, basándose -la decisión judicial- en la confesión sincera del procesado, cuando la responsabilidad ya se había determinado con la actuación de pruebas.
Más adelante sostuvo que, la violencia contra la mujer constituye un problema de grandes proporciones que afecta no sólo al Perú sino también a otras naciones latinoamericanas. “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia en la pareja es la causa de un número significativo de mujeres asesinadas en diversos países”, agregó la funcionaria.
Otro de los hallazgos del estudio da cuenta que en un 82% de los casos las mujeres que sufrieron algún atentado contra su vida o muerte a manos de sus parejas o ex-parejas, habrían sido víctimas de violencia previa. “Este es un dato que cuestiona la calidad de respuesta que el Estado está brindando a través de los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia en nuestro país”, así lo señaló la doctora Fernán-Zegarra.
Añadió que los motivos que arguyen los homicidas para cometer sus crímenes, de modo alguno justifican los hechos que cometieron. En los expedientes judiciales estudiados, figuran motivos como el no haber encontrado sus electrodomésticos en el hogar, la negativa de la mujer a servirle el almuerzo, así como la negativa de ésta a concluir la relación de pareja, entre otras razones.
Durante la presentación del informe, la funcionaria lamentó la escasa credibilidad que se le da a la víctima o a los testigos con respecto a los hechos que determinan la tentativa de homicidio u homicidio. Así también, se responsabiliza a la víctima de los hechos ocurridos, a pesar que ella es la agraviada por el delito cometido.
“Un elemento central en el estudio que hemos realizado es la necesidad de sensibilizar a los operadores de justicia respecto de la real gravedad de la problemática de violencia contra las mujeres. En estos casos se debe tener en cuenta que estamos ante la vulneración de los derechos humanos y por lo tanto se espera una respuesta del Estado ajustada a dicha consideración, insistió la funcionaria.
Asimismo, en base a los resultados del estudio presentado, la Defensoría del Pueblo ha realizado una serie de recomendaciones entre las que destaca la necesidad de que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) cree una base de datos única y de carácter nacional sobre violencia de género, así como que la Academia Nacional de la Magistratura incluya en su currícula un curso obligatorio sobre violencia y discriminación contra la mujer.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.