El 44 por ciento de establecimientos visitados carecen de un registro de atención a gestantes víctimas de violencia.
Se detectaron cobros indebidos en los servicios públicos de ginecología y obstetricia.
Pese a ser una obligación del Estado y de existir protocolos para su implementación, el personal del sector salud viene incumpliendo con identificar a las gestantes que sufren de algún tipo de violencia. Esta situación puede poner en riesgo la salud de las futuras madres y en, algunos casos, incluso su vida, advirtió hoy Eugenia Fernán-Zegarra, Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
La funcionaria hizo estas afirmaciones durante la presentación del documento denominado “Segundo Informe sobre el Derecho a una Maternidad Segura”, el cual revela que del total de gestantes entrevistadas el 71.4 por ciento señaló que el referido personal no indagó si es que era víctima de alguna forma de violencia.
Asimismo, Fernán-Zegarra indicó que en el 44 por ciento de los establecimientos de salud visitados, no existe un registro de la atención que reciben las gestantes maltratadas, lo que dificulta la elaboración de políticas públicas orientadas a enfrentar la violencia contra la mujer desde el Sector Salud.
“Es necesario fortalecer el rol de los establecimientos de salud en lo relacionado a la atención de las mujeres víctimas de violencia. Éstos deben consolidarse como espacios que brindan atención oportuna y especializada en estos casos”, subrayó Fernán Zegarra, luego de detallar que dicho estudio fue realizado en 11 regiones (Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Puno, La Libertad, Piura, Junín, Ucayali, San Martín, Pasco y Cusco).
Además se identificó que, en determinados establecimientos de salud visitados, se produjeron cobros indebidos por afiliación al SIS, así como por la entrega de las pastillas de sulfato ferroso y ácido fólico. Asimismo, se verificó que el personal de salud advierte a las gestantes sobre la imposición de supuestas “multas” por optar por un parto domiciliario. “Dichas prácticas carecen de base normativa, desincentivan a que las mujeres acudan a los establecimientos de salud y constituyen una afectación a sus derechos reproductivos”, subrayó la funcionaria.
Finalmente dijo que el 70.7 por ciento de las mujeres entrevistadas afirmó que no conocía algunos de sus derechos respecto a la atención prenatal. En ese sentido, es necesario asegurar que los profesionales del sector difundan entre las usuarias: la gratuidad de la afiliación al SIS, la posibilidad de optar por un parto vertical con adecuación intercultural y de ser alojada en una casa de espera materna; así como que su pareja participe en las atenciones prenatales.
“El referido informe tiene por objetivo contribuir a mejorar la salud de las mujeres, modificar su situación de discriminación y evitar que mueran por causas previsibles”, puntualizó la Adjunta para los Derechos de la Mujer.
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo de Perú