CIUDAD DE BUENOS AIRES: El rol de la Defensoría del Pueblo en Políticas de Medio Ambiente

El Director de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la institución, Hernán Invernizzi, participó de la Primera Jornada Pro Justicia Ambiental organizada por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Invernizzi expuso sobre el rol de la Defensoría del Pueblo en Políticas de Medio Ambiente en representación de su titular, Alejandro Amor, y dentro del panel «El rol de la Escuela Superior del Ministerio Público en la capacitación de las promotorías públicas ambientales para la protección del ambiente», del que también formó parte Juliana Andrade, promotora de Justicia y coordinadora de la Escuela Superior del Ministerio Público del Estado de Säo Paulo.

A continuación reproducimos su exposición:

La gravedad de los riesgos que afronta la humanidad en materia ambiental ha provocado que desde hace años la defensa de los derechos y garantías ambientales sea uno de los protagonistas de la agenda pública de todo el mundo. Nuestra Ciudad no escapa ni debería escapar a esta regla general.

La Defensoría defiende las garantías y derechos ambientales especificados en el articulo 41 de nuestra Carta Magna, en el Capitulo Cuarto, artículos 26 a 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y en los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.

Por este motivo, la Defensoría defiende el derecho ciudadano a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y las actividades productivas que cubran las necesidades del presente, sin comprometer las de generaciones futuras.

Defender los Derechos y Garantías Ambientales implica, entonces, proteger el derecho a un ambiente biofísico y humano ecológicamente sostenible, donde se mantenga el dominio público sobre los elementos del ambiente, y se regule su uso y aprovechamiento de conformidad con las reglas de la ciencia, la técnica, las normas vigentes y los principios generales de defensa de los Derechos Humanos, sin perjuicio de todas las iniciativas que sean necesarias a fin de mejorar y completar la normativa ambiental de la Ciudad. A tal fin, el Organismo cuenta con la atribución legal de la llamada «iniciativa legislativa».

No obstante, la Defensoría no se conforma con que esta temática este más o menos presente en la agenda pública de los porteños, sus autoridades, el estado local y la sociedad civil. Es necesario que la temática sea un eje significativo, ordenador y estratégico de las políticas públicas locales, y que al mismo tiempo se proyecte como un principio común con todas las jurisdicciones que componen el Área Metropolitana (AMBA), dado que la problemática ambiental de la Ciudad es inseparable de sus vecinos inmediatos, como lo demuestra el caso de la Autoridad de la Cuenca Matanzas Riachuelo (ACUMAR).

Por eso mismo, como este sistema de derechos debería ser atendido por medio de una «política ambiental», el tratamiento de los casos ambientales que la Defensoría lleva adelante no se limita a cada caso en particular, sino que se gestiona por medio de una mirada integral y estratégica sobre la acción del Estado local y demás factores intervinientes. En tal sentido, la Constitución Nacional y la Constitución de la CABA definen una verdadera agenda ambiental que funciona como referencia ineludible para la institución.

Acerca de esta agenda abundan la publicidad y los discursos, sin embargo, la Ciudad carece de una política integral. Por eso, en su defensa del derecho de los porteños a un ambiente sano, la Defensoría del Pueblo no pierde de vista que debe anticiparse a los conflictos siempre que sea posible, interviniendo ante las primeras alertas, siempre junto a los vecinos, y enfatizando en todos los casos el carácter transversal y sistémico de la problemática ambiental.

Para esto es necesario ir más allá de la simple publicidad. Diversos indicadores evidencian la necesidad de establecer una política de comunicación que vuelvan más visibles los derechos ambientales, las responsabilidades y obligaciones del Estado y de las empresas involucradas, las posibilidades y necesidades de los vecinos, así como del rol que pueden desempeñar organismos como esta Defensoría.

A pesar de los inmensos presupuestos dedicados a promover consignas de dudosa eficacia, un elevado porcentaje de vecinos desconocen los principios fundamentales del cuidado ambiental así como las obligaciones del Estado y sus propios derechos. Una cultura ambiental no se construye con agencias de publicidad y expertos en marketing político sino con el desarrollo de una política ambiental dentro de la cual la comunicación, la docencia, la participación vecinal y el ejemplo del propio Estado son principios organizadores. Es imprescindible incrementar la calidad y la cantidad de las actividades de capacitación, concientización y difusión, dado que la problemática ambiental no podrá ser adecuadamente atendida sino en la medida en que se la comprenda, también, como un problema cultural.

Con la idea de facilitar la gestión institucional de una temática particularmente compleja, hemos organizado la actividad en torno a algunos ejes referenciales:

+.- Residuos

La problemática de los residuos está instalada como un tema público pero la Ley de Basura Cero todavía no se cumple – y además, de manera contradictoria con su espíritu, el gobierno local plantea la separación in situ y el relleno sanitario en suelo bonaerense como los ejes estratégicos de su cumplimiento. Sin embargo, los residuos sólidos urbanos RSU también deberían ser considerados como un bien del cual se puede recuperar valor. Y en tal sentido, resulta paradojal, por no decir intrínsecamente contradictorio, que quienes recolectan todas las noches este bien valioso apenas obtienen pequeños subsidios y las peores condiciones laborales, mientras las empresas que recolectan la basura propiamente dicha, destinada al CEAMSE, obtienen el mayor contrato de la historia de la Ciudad. A tal punto, que según algunas investigaciones sería el contrato más caro del planeta medido por la relación habitante/residuos/precio.

A su vez, como no se conocen estadísticas acerca de los mecanismos y volúmenes de los planes en ejecución, tampoco queda claro quién y cómo controla la eficacia y sustentabilidad de las acciones en curso. De modo tal que la Defensoría se ve en la necesidad de comenzar a elaborar estadísticas e indicadores de gestión propios, a fin de poder llevar adelante su tarea de defensa de derechos apoyada en información consistente y confiable.

Promovemos el reciclaje a escala con promoción de la cadena de valor por parte del Estado, el cobro diferenciado a los grandes generadores, el tratamiento de la fracción orgánica en el propio territorio o la reconversión a energía de diversas fracciones de los residuos. Al mismo tiempo se da continuidad a tareas en desarrollo como el seguimiento de los contratos de recolección de residuos y sobre el manejo de áridos, patogénicos y peligrosos.

+.- Cambio climático

La CABA padece las alteraciones del clima a nivel mundial. Esta especie de tropicalización de la latitud en la que estamos asentados reclama una política de «adaptabilidad», esto es, preparar la Ciudad para el nuevo escenario ambiental.

Entendemos que los nuevos eventos climáticos no son ni deberían ser «desastres» por definición, dado que «desastre» parece expresar una vulnerabilidad inevitable ante la irrupción del fenómeno meteorológico, lo cual no es necesariamente así.

La Legislatura sancionó una ley de mitigación y adaptación al cambio climático que es un buen punto de partida para enfrentar el problema del cambio climático. El Organismo dará seguimiento a su aplicación, se controlarán las acciones y estrategias, y se reclamará por su cumplimiento integral, a fin de reducir la vulnerabilidad humana y la de los sistemas naturales en general. En simultáneo se dará seguimiento a la política de disminución de la emisión de gases de efecto invernadero

+.- Franjas costeras

Riachuelo
Esta problemática afecta a alrededor de 1.000.000 de vecinos y se encuentra bajo jurisdicción de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), que articula varias administraciones, entre las cuales se encuentra la misma CABA. Dado que la Ciudad tiene tareas que cumplir en el plan de saneamiento y que están involucrados los derechos de los vecinos de nuestra Ciudad, entendíamos que la Defensoría debía estar presente para velar por los derechos ambientales de su jurisdicción. Para ello solicitamos a la justicia la incorporación del organismo como Amicus Curie en la causa Mendoza y conformamos una mesa de trabajo con las autoridades de la ACUMAR para colaborar en el cumplimiento de la sentencia. La aprobación legislativa en primera lectura de las normas urbanísticas para la re ubicación de las familias en el camino de sirga en la villa 21 24 es un primer paso importante de esta mesa de dialogo.

Río de la Plata
Por razones culturales, sociales, económicas y ambientales, se trata de una franja alrededor de la cual se vulneran derechos de prácticamente todos los habitantes de la Ciudad. Según normativa vigente, desde hace 40 años está prohibido bañarse o pescar en las aguas del rio que es nuestra fuente de agua potable.

Es necesario investigar cuáles son los programas de control de las fuentes contaminantes (sobre todo arroyos entubados) y cuáles los programas de saneamiento y recuperación de esta franja costera. Será necesario, a su vez, reclamar soluciones que faciliten el acceso (derecho al esparcimiento) y que al mismo tiempo contemplen los riesgos (salud, seguridad, etc).

Pero, si tenemos en cuenta la estrecha relación existente entre la cuenca Matanza-Riachuelo y nuestro Rio de la Plata, queda claro que todo lo que hagamos por el Riachuelo es al mismo tiempo algo que hacemos por el gran estuario junto al cual creció nuestra ciudad.

+.-Inundaciones.
Las inundaciones son parte del paisaje y de la cultura porteños desde la misma fundación de la Ciudad, a tal punto que llegó a constituirse una llamada «cultura de la inundación».

A pesar de la ley 1.660, que creó el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRHCABA), para reducir la vulnerabilidad de la ciudad, las inundaciones y sus consecuencias se suceden. No se trata de problemas atmosféricos que se resuelven simplemente aumentando el diámetro de los entubamientos, sino de fenómenos ambientales que requieren un abordaje multicausal y multivariable. Son necesarias políticas integrales y no solo obras de canales aliviadores sino urbanizaciones adecuadas al riesgo hídrico, aumento de áreas verdes o de retención de agua para compensar la pérdida de permeabilidad, mantenimiento del dragado de los arroyos, la limpieza constante de los sumideros, la adecuada recolección de residuos, planes de contingencia y sistemas de alerta temprana e inclusive políticas de cuenca con las correspondientes autoridades con capacidad ejecutiva, sobre todo en los casos de arroyos cuya jurisdicción se comparte con municipios vecinos.

La Defensoría no sólo controla el desarrollo de obras y tareas de mantenimiento, sino que además impulsa la elaboración y aplicación de políticas integrales y modernas con la mayor participación vecinal posible. En esto estamos trabajando.

Pero la problemática ambiental no se reduce a los títulos de este punteo referencial.

Las fuentes contaminantes son múltiples y variadas. Recientemente dimos a conocer una recomendación acerca de uno de los casos más dramáticos de contaminación: la presencia de plomo en la sangre.

La intoxicación por plomo es un problema que afecta a los sectores más vulnerables y muy especialmente a los niños, que son el principal grupo de riesgo. Los casos detectados demuestran que la población más afectada es la de menores recursos y que vive en asentamientos precarios, cerca de basurales o de cementerios de automóviles, lugares donde los niños juegan en suelos contaminados.

Un informe del propio Departamento de Salud Ambiental del Gobierno de la Ciudad, que estudió la población de la Cuenca Matanza-Riachuelo entre 2004 y 2010, nos dice que sólo dentro de ese universo encontraron 82 casos de niños intoxicados con plomo. Otro estudio – realizado el año pasado por la ACUMAR – analizó a 962 niños menores de 6 años y 95 embarazadas de la Villa 21-24: un 25% de los niños mostraban valores de plomo en sangre elevados. Un tercer estudio, en este caso del Hospital Argerich, sobre el barrio Rodrigo Bueno, pegado un cementerio de automóviles, observa que otros 25 niños presentan elevados valores de plomo en sangre. Pero, lo que es en verdad alarmante, ¡ningún niño presentó valor 0!

Una vez que ingresa al organismo el plomo puede provocar intoxicación aguda o crónica. Y en cualquiera de los dos casos vamos a encontrar problemas gastrointestinales y respiratorios, pero las consecuencias más dramáticas son las neurológicas: la intoxicación por plomo incluye retardo mental, trastornos del aprendizaje, deterioro del coeficiente intelectual y pérdida de memoria. Y hay que destacar que el daño cerebral causado por la exposición crónica al plomo es irreversible e intratable.

Por lo tanto, sólo queda la prevención. La única solución es evitarlo o detectarlo cuanto antes. Y para eso es absolutamente imprescindible que intervengan las autoridades ambientales y sanitarias locales, que no realizan relevamientos sistemáticos sobre metales pesados en todas las villas y asentamientos de la Ciudad sino sólo en algunos de ellos y de manera no sistemática.

 

FUENTE. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires