La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Resolución No. 2994 del 15 de diciembre de 1972, designó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de generar una profunda conciencia universal sobre la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. David Ernesto Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, aprovechó la ocasión para repasar algunos temas que merecen antención.
La degradación del medio ambiente históricamente ha sido considerada como una consecuencia ineludible del «desarrollo», por lo que las afectaciones a los derechos humanos a raíz de proyectos justificados en esa visión han sido lamentablemente aceptadas por muchos, sin atender a las graves consecuencias que la misma ocasiona.
Es indispensable que los fines del desarrollo trasciendan esta limitada visión y se orienten, también, hacia la superación de las problemáticas ambientales que han sido acumuladas a través del tiempo, sin perder de vista que el entorno es un sistema interrelacionado que podría ofrecer las condiciones para que las generaciones actuales y venideras se realicen en una vida digna, siempre que detengamos oportunamente la degradación ambiental.
En esta fecha de reconocimiento mundial al medio ambiente, es oportuno seguir llamando a la extrema preocupación y peligro que representan para nuestra población la contaminación de los bienes naturales, la tala indiscriminada de árboles, la vulnerabilidad socio-ambiental, las consecuencias del uso de agroquímicos, la falta de información y participación de la población en temas ambientales, así como la ausencia de reparación cuando se han producido daños, entre otros flagelos que vulneran los derechos humanos en perjuicio de miles de personas y numerosas comunidades.
Respecto a la protección ambiental
La Política Nacional de Medio Ambiente, vigente desde junio de 2012, reconoció el riesgo ambiental generalizado en El Salvador, así como la amenaza creciente de la variabilidad climática a nivel nacional[1].
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), también ha reconocido que los dos principales factores que afectan la disponibilidad del agua en el territorio salvadoreño, son los efectos del cambio climático y la mala calidad hídrica[2], a lo que debe sumarse la preocupación por la contaminación de los suelos, el aire y la disminución de la biodiversidad. Todas estas situaciones acentúan los problemas estructurales para alcanzar el desarrollo y la superación de la pobreza.
Evidentemente, los impactos en materia ambiental sufridos en la actualidad son un resultado acumulado de la falta de medidas proteccionistas que, bajo los principios de prevención y precaución, debieron evitar los daños en el ambiente si se hubiesen adoptado oportunamente. Por ello, es impostergable que las políticas públicas y las políticas de Estado incorporen como uno de sus ejes prioritarios la atención del área ambiental, reconociendo la vital importancia que tiene para la vida en condiciones adecuadas y su continuidad.
El Procurador rescata que, en los últimos años, se emitieron importantes documentos que marcan las principales necesidades por atender en materia ambiental. De esta forma, se aprobaron la Política Nacional de Medio Ambiente (mayo 2012) y la Estrategia Nacional del Medio Ambiente (junio de 2013), esta última con el objetivo de «revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático». La Estrategia Nacional enmarca, a su vez, cuatro estrategias en las siguiente áreas: Biodiversidad, Cambio Climático, Saneamiento y Recursos Hídricos, las cuales conllevan sus respectivos planes de acción y se han sometido a consulta, por lo que iniciar su implementación es una de las tareas para el actual período gubernamental.
En este contexto, el Procurador destaca que las agendas política, social y económica del país, deben necesariamente contemplar la protección ambiental. No basta centrarse solo en el progreso económico si se busca la sustentabilidad; en ese sentido, resulta fundamental la necesidad de integrar la adecuada gestión ambiental del territorio al resto de aristas del desarrollo.
Respecto a la obligación de reparar a las víctimas ambientales sin menoscabo de prevenir daños futuros
Un aspecto que también es de suma importancia, es la reparación de los daños de la degradación y la contaminación, los cuales demuestran los altos costos de la falta de atención oportuna a los asuntos ambientales.
Como se sabe, los problemas en el medio ambiente pueden extrapolarse al área de salud, como lo demuestran trágicamente la contaminación por plomo en el Sitio del Niño en el municipio de San Juan Opico y los problemas de enfermedad renal crónica asociada al uso de químicos en la agricultura[3].
Respecto a la reparación, el Procurador considera como un avance positivo que recientemente la Asamblea Legislativa decretó la creación de la Jurisdicción Ambiental, a cargo de los Juzgados y Cámaras Ambientales, que conocerán y resolverán de las acciones civiles «en las que se deduzca la responsabilidad civil derivada de actos que atenten contra el medio ambiente». Dicha jurisdicción se instalará en un plazo máximo de un año.
Sin embargo, a pesar de este importante logro, debe tenerse claro que la visión del Estado en materia del ambiente, debe ser principalmente de carácter preventivo; es decir no limitada a la atención del daño ya sufrido, sin que ello menoscabe la obligación de reparar integralmente a las víctimas ambientales.
El gobierno entrante, tiene ahora un reto enorme frente a la crisis ambiental y el acumulado de problemas por resolver en esta materia, por ello esta tarea debe iniciarse de inmediato antes que los daños sean más profundos, causen más muertes y afectaciones a los ecosistemas naturales.
Respecto a obligaciones pendientes de cumplir
El Estado tiene obligación de adoptar y aplicar marcos jurídicos e institucionales para prevenir daños en el ambiente y proteger derechos humanos. Por tanto, una de las principales preocupaciones del Procurador es que la Asamblea Legislativa, a esta fecha, no haya reconocido constitucionalmente el derecho humano al agua; así como el retraso injustificado para emitir una ley que proteja el bien hídrico para frenar su deterioro y mitigar su crisis. También resulta lamentable que no se proceda a la prohibición del uso de agroquímicos, pese a los efectos asociados en comunidades agrícolas.
En el mismo sentido, el Procurador aboga con urgencia, para que la Asamblea Legislativa inicie la discusión de una ley que prohíba la minería metálica en el país.
Otro caso que mueve a preocupación, es el proyecto de construcción de la Represa El Chaparral, respecto del cual los procesos de la consulta previa a las comunidades que resultarían afectadas fueron objeto de serios cuestionamientos, pues tal consulta fue orientada de modo tal que evidenció ser un mecanismo orientado principalmente a legitimar una decisión previamente tomada, antes que atender las preocupaciones e intereses de las comunidades. En este caso, el impacto negativo al medio ambiente y a los derechos de las poblaciones afectadas son irreversibles y exigen de las autoridades la debida reparación, la cual implica considerar seriamente que este proyecto hidroeléctrico no sea continuado.
Finalmente, el Procurador estima relevante destacar el trabajo de las personas y organizaciones civiles defensoras ambientales, quienes requieren del Estado medidas para que la defensa de los derechos humanos que realizan, se produzca en un entorno seguro y propicio para plantear sus demandas. Es motivo de alta preocupación que muchas personas defensoras ambientales aún expresen temor a represalias por su labor y reciban amenazas, especialmente aquellas involucradas en la lucha contra la explotación minera en el país.
FUENTE: Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador