En el marco de la aplicación de la Ley de Gestión Comunitaria de competencias, servicios y otras atribuciones, la Defensoría del Pueblo y la Escuela Venezolana de Planificación realizaron un curso en Sanare, estado Lara, en el que presentaron herramientas de planificación, enfoques y estrategias para facilitar la definición, desarrollo, instrumentación, operación y control de una gestión eficiente en el manejo adecuado de los residuos y desechos sólidos (RDS) a nivel municipal.
El curso fue realizado los días 20, 21 y 22 de marzo bajo el título «Planificación para la Gestión de los Servicios Públicos a Nivel Municipal: Residuos y Desechos Sólidos». Esta actividad formativa fue realizada para atacar la deficiencia en la gestión y en el manejo inadecuado de los residuos y desechos sólidos a nivel municipal, lo cual ha provocado la inefectividad, ineficiencia y vulnerabilidad del servicio, teniendo impactos negativos en el ambiente, en la salud humana y en el creciente deterioro en la condición de vida de los habitantes de determinadas zonas.
Durante el curso se habló sobre la necesidad para afrontar las situaciones presentadas teniendo en cuenta que es necesario el establecimiento de principios y lineamientos para integrar políticas municipales que comprendan estrategias para las soluciones integrales, estructurales y estructurantes que se basen en la educación para la salud y el ambiente.
Este curso de ampliación se enmarca en las líneas de investigación y docencia de la Escuela Venezolana de Planificación: Formulación de Políticas Públicas, Instrumentos para la Planificación Local y Planificación Participativa, y se realiza en compañía de la Dirección de Atención al Ciudadano de la Defensoría del Pueblo.
El curso también buscó favorecer la integración de los diferentes actores vinculados al servicio, introduciendo a los participantes en la identificación de las necesidades, la definición de propuestas y el seguimiento de control y la evaluación de las problemáticas encontradas.
En la actividad participaron 35 personas integrantes de comunidades organizadas de Lara, Portuguesa y Yaracuy, consejos comunales, empresas de propiedad social y personas de las alcaldías vinculadas con participación en el ámbito de los servicios públicos, principalmente de residuos y desechos sólidos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela