A través de un oficio –enviado el 12 de marzo último- el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, solicitó al Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, el sustento técnico y jurídico —en el marco de la normativa que regula el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental— de la propuesta de reemplazar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en las actividades de exploración sísmica.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para que, en coordinación con el Ministerio del Ambiente (Minam), propicie un proceso que permita a la ciudadanía —y especialmente a los actores directamente involucrados— conocer y expresar su opinión sobre los alcances de la propuesta.
Es muy importante conocer –señala el funcionario- los mecanismos previstos para que la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de exploración sísmica garanticen la protección de las áreas naturales protegidas y los ecosistemas frágiles; los recursos hídricos e hidrobiológicos; los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial; y, el derecho de participación ciudadana y consulta previa a los pueblos indígenas.
Tras sostener que los mecanismos para la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de exploración sísmica deben realizarse de manera rigurosa, imparcial y en un plazo razonable, Vega insistió en que los instrumentos de gestión ambiental para este sector deben contener las especificaciones necesarias para que la entidad de supervisión y fiscalización competente pueda realizar adecuadamente su labor.
«La Defensoría señala que comparte la preocupación del Poder Ejecutivo por fomentar las inversiones y acelerar su implementación. Para ello, remarcó, es necesario mejorar su marco normativo y fortalecer a las entidades evaluadoras y supervisoras, dotándolas de capacidad técnica, autonomía política y sostenibilidad presupuestal», señaló el funcionario en la comunicación dirigida al titular del MINEM.
Agregó que estas medidas garantizarán que la evaluación y la fiscalización ambientales se realicen de manera rigurosa, imparcial y en un plazo razonable y, en consecuencia, asegurarán su sostenibilidad económica y social, lo que es beneficioso tanto para el desarrollo económico del país, como para el fortalecimiento del Estado y de la vigencia de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú