La Defensoría de los Habitantes aseguró que el Estado debe intervenir, de forma inmediata, en el cumplimiento de las políticas públicas de respuesta interinstitucional ante los desastres naturales.
La Defensoría sostiene que existen deficiencias relacionadas con la coordinación entre diferentes instituciones, dependencias tanto nacionales como locales, que incide en una débil y con frecuencia inoportuna atención estatal a las personas damnificadas; que trae consigo el agravamiento de la exclusión que han de enfrentar las personas tras la ocurrencia de los desastres.
La Defensoría llama la atención sobre las afectaciones de derechos más usuales que se presentan en estos casos, tales como: la vulneración al derecho a la vivienda, a la buena administración, a la educación, a la salud, al comercio y a la recreación. De ahí la urgencia de que la intervención estatal antes, durante y después de los eventos resulte ágil y eficaz, y contemple en toda su dimensión las necesidades de la población afectada.
En este sentido, se debe advertir que el enfoque de atención de emergencias predominante, repercute en el agravamiento de la condición de pobreza de un segmento importante de la población afectada, especialmente aquella que no tiene medios para adquirir una vivienda digna en sitios seguros y por tanto se ve obligada a instalarse nuevamente en las márgenes de ríos que se desbordan o en laderas que se precipitan por las fuertes lluvias o los frecuentes sismos, con lo que continúan expuestos a consecuencias fatales a pesar de las declaratorias de inhabitabilidad que en la práctica no solventan su situación de exclusión y pobreza. Ante esta situación urge un esfuerzo de coordinación interinstitucional mediante el cual queden claras las competencias del sector municipal, autoridades del sector vivienda, Ministerio de Salud, entre otras.
Para la Defensoría los principales retos que se tienen en Gestión del Riesgo son:
– Evitar la reconstrucción de riesgos: es decir realizar estudios minuciosos de aquellas zonas que no presentan amenazas o vulnerabilidades ante posibles eventos naturales, para que se reubique allí a las personas damnificadas por una catástrofe.
– Apoyar y empoderar a la población: sea esto entendido como la gestión de contención en principio psicosocial que requieren las personas afectadas y promover actividades que tiendan a fortalecer sus capacidades de desarrollo.
– Actuar de manera interinstitucional: si bien la coordinación de la atención de emergencias recae en la Comisión Nacional de Emergencias, es importante que se entrelacen todas las instituciones que de una u otra manera tienen competencia para participar en la solución de los problemas que genera una catástrofe natural.
– Se tiene que restaurar y desarrollar las capacidades y el fortalecimiento de la institucionalidad: es decir, las instituciones de respuesta a los eventos naturales deben revisar sus marcos jurídicos y procedimientos ordinarios para que se realicen las modificaciones necesarias para la atención de situaciones extraordinarias, como es el caso de un desastre natural. En este punto se puede solicitar criterio, ayuda u orientación de la Contraloría General de la República.
– Fomentar el rol de los actores sociales: si bien es el Estado el primer responsable de atender una emergencia también debe definirse el rol que otros actores sociales juegan en la red para la solución de los problemas que se suscitan con los eventos naturales: Sean estos actores: enlaces de los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y sector privado.
– Fortalecer las acciones preventivas, fundamentalmente en las zonas definidas de mayor vulnerabilidad, de igual forma cumplir con la responsabilidad de conformar y capacitar los comités de emergencias en todo en país, pero priorizar en las zonas identificadas de mayor vulnerabilidad.
Es importante resaltar que en la fase de respuesta en la atención del evento es donde el país tiene mejor organización y capacidad de intervención, no obstante, resulta urgente que el país valore invertir en equipo de rescate como aéreo u otros con asistencia de la cooperación internacional, pues con la alta vulnerabilidad del país no parece correcto que se siga dependiendo únicamente de la ayuda humanitaria de los países amigos, además de que el tiempo de respuesta tiene un efecto directo en la posibilidad de salvar vidas humanas.
Si bien la Defensoría no desconoce que las fases de reconstrucción y rehabilitación después de una emergencia pueden ser afectadas por aspectos de naturaleza contractual así como presupuestaria, es claro que en estos campos de acción deben ser revisados y fortalecidos, siendo que, ante el incremento en el número de desastres naturales reportados, la capacidad institucional costarricense se está poniendo a prueba constantemente, sin que el resultado del ensayo sea siempre satisfactorio.
Otros factores que impactan
Además existen otros aspectos de carácter técnico y de ordenamiento que por su incumplimiento impactan negativamente en la prevención y atención de las emergencias, uno de estos puntos lo constituye el hecho de que a pesar de que la CNE ha desarrollado un atlas de amenazas a nivel nacional, mismo que incluye por provincia y cantón amenazado por inundaciones, avalanchas, actividad volcánica, fallas geológicas e inestabilidad de laderas y que con base en dicha información, se han girado una serie de recomendaciones a las instituciones públicas, por ejemplo, las municipalidades; estas valoraciones técnicas en muchos de los casos no son tomadas en consideración al momento de autorizar o aprobar proyectos constructivos, por lo que dicho accionar impacta negativamente en la acción preventiva del Estado.
En tanto los mapas de amenazas no estén incorporados en los planes reguladores locales y en planes regionales, se continuará promoviendo, por omisión, el impacto y los efectos de los desastres naturales al otorgarse permisos o tolerar la permanencia de las personas en zonas que, previamente se conoce, tiene una alta propensión o vulnerabilidad ante eventos naturales.
La Defensoría de los Habitantes, como resultado de la experiencia en la tramitación de múltiples solicitudes de intervención e investigaciones realizadas en el ámbito municipal, ha podido observar que en los gobiernos locales no se tienen claras las competencias de la CNE ni tampoco pareciera estar clara la responsabilidad de las municipalidades en todas las fases de intervención ante los desastres naturales.
La Defensoría considera que la CNE debería revisar sus mecanismos de vinculación con las comunidades y fortalecer sus relaciones con los gobiernos locales, los comités regionales y los comités locales de emergencia, para agilizar los tiempos de respuesta ante desastres naturales y el seguimiento de obras emprendidas y así evitar que se vean vulnerados los derechos de las y los habitantes.
FUENTE: La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.