«En muy poco se habrá mejorado la calidad de vida de la población cuando se está hablando de programas que recién están comenzando a ponerse en práctica», señaló el Adjunto I a cargo de la Defensoría nacional, Anselmo Sella en su exposición en la audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.
En la audiencia pública convocada hoy por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el saneamiento del Riachuelo, el Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, aseguró que «han pasado dos años y medio desde que se comenzó con el Plan de Saneamiento fijado en la sentencia del Máximo Tribunal y debo decir que todos los plazos están vencidos. Hay muchos proyectos pero también hay muchos incumplimientos en los programas que fijó la Corte; esto no significa que lo que se ha hecho no sirva, no podemos detener la inercia de la ejecución de la sentencia que está tomando fuerza».
«Ha llamado la atención de nuestra institución el grado de improvisación en el que hacer y en el desarrollo de las distintas acciones que se iban realizando. En muy poco se habrá mejorado la calidad de vida de la población cuando se está hablando de programas que recién están comenzando a ponerse en práctica. Los cambios de interlocutores con quien debatir los proyectos y rumbos también fueron una constante que debió haberse evitado; y debo decir que, en este sentido, en el corriente año se observó un gesto de continuidad entre las nuevas autoridades y las que ya venían trabajando» aseguró Sella.
Al referirse a la urbanización de villas y asentamientos precarios precisando que «no se conocen los relevamientos realizados ni se han presentado los padrones de las personas a ser asistidas, por lo que no resulta posible evaluar si los planes existentes resultaran suficientes; es preciso asegurar la culminación de la construcción del 100% de las asistencias planificadas, ya que hasta septiembre se había finalizado solo el 28%» dijo el Adjunto I a cargo de la Defensoría nacional.
«Se trata de sectores pobres en situación de precariedad laboral con la exclusión en sus comunidades de muchos niños y niñas, son grupos en condiciones de vulnerabilidad a quienes se les debe garantizar sus derechos por medio de la intervención del estado. Las personas que serán relocalizadas y desplazadas por una necesidad ambiental del conjunto de la sociedad no pueden terminar en peor situación que la que tenían antes de ese traslado. Además tienen derecho a hacer valer sus derechos individuales en un proceso justo ante la jurisdicción» agregó Sella.
En cuanto a las consideraciones generales del plan, Sella dijo sobre el Sistema Internacional de Medición que «se presentaron 3 propuestas, con fundamentos y lineamientos totalmente distintos, que fueron elaboradas y evaluadas por distintos profesionales, para ser luego abandonadas y esto produjo grandes pérdidas de tiempo y esfuerzo, que esperamos no vuelva a suceder y que impidieron disponer de un sistema de indicadores confiables.»
Sobre la transparencia de la información, el Adjunto I a cargo de la Defensoría sostuvo que «muchas veces llega a conocimiento del juzgado y luego al Cuerpo Colegiado información desactualizada, parcial o inútil, con lo que se obstaculiza la tarea de control de esta Defensoría.»
Acerca de los basurales señaló que «los avances registrados en este punto son casi inexistentes, lo cual motivara la imposición de una multa al Presidente de la ACUMAR. Los basurales, lejos de disminuir, aumentan. El relevamiento da cuenta de que el número se elevó desde 141 en el 2009 a 348 en diciembre de 2010, o sea un 146%, y de los 33 basurales erradicados a julio de 2010 (última información disponible), se constató que al menos 9 de ellos se volvieron a formar. Por otra parte, no hay ninguna acción para destacar respecto a la relocalización de las personas que habitan sobre los basurales, y hasta el presente ni siquiera se ha elaborado un censo que identifique a las mismas.»
Cuando se refirió al Polo Petroquímico de Dock Sud, Sella dijo que «sigue manteniendo su misma complejidad de actividades industriales, de servicios y habitacionales que al momento de dictarse la sentencia. Prueba de ello es que ninguna de las industrias del polo ha sido declarada como Agente Contaminante y, por ende, no están obligadas a reconvertirse; mientras tanto, los habitantes de Villa Inflamable, víctimas de la contaminación, reciben hoy agua en bidones de modo irregular, con precintos violados o con fechas de vencimiento expiradas según los testimonios que pudimos recoger.»
En cuanto a los informes sobre la calidad del aire, «hasta el presente no se ha realizado ninguna campaña de medición que abarque a la totalidad de la cuenca, y tampoco se ha planificado un sistema permanente de medición, interpretación e información al respecto» sostuvo el Adjunto I a cargo de la Defensoría.
Sobre el control de la contaminación de origen industrial, Sella dijo: «Quiero destacar que las numerosas acciones que hoy hemos escuchado resultan insuficientes e inconsistentes, por cuanto si bien se ha progresado en los procedimientos administrativos de control, la política de control de la contaminación industrial no garantiza el cese de los vertidos y emisiones contaminantes en la cuenca. Desde que la ACUMAR denunciara 4.103 industrias en la cuenca, vinimos sosteniendo la inexactitud de este dato y gracias a ello hoy disponemos de un dato más certero, que revela la existencia de 19.259 empresas, a partir del re-empadronamiento realizado en 2010.»
«En cuanto a la fiscalización de industrias, a diciembre de 2010 no se inspeccionó a la totalidad de las empresas existentes en la cuenca, por lo tanto no se ha identificado a la totalidad de los agentes contaminantes que deberán reconvertirse. De las 19.259 industrias registradas se inspeccionó tan solo al 30% (5.777 empresas), de las cuales un 8% fueron declaradas como «agente contaminante» (467) y ninguna finalizó el proceso de reconversión», finalize.
FUENTE: Defensor del Pueblo de la Nación, Argentina.