Personal de la Defensoría del Pueblo en los nueve departamentos del país verificará el proceso de inscripción escolar que comenzará el próximo 19 de enero con el objetivo de vigilar y prevenir cualquier tipo de discriminación o acciones contra estudiantes o padres de familia que afecten el ejercicio de su derecho a la educación.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, que emitió la instrucción a sus 19 oficinas en la víspera, informó que este trabajo ya fue realizado en otras gestiones aunque de manera parcial y lo que se busca es que se respete el derecho de las y los niños a la educación y se dé cumplimiento a lo determinado por la Resolución Administrativa 001/2015 del Ministerio de Educación, en lo que se refiere a la responsabilidad que tiene la Defensoría de velar porque se respeten los derechos humanos.
«En años anteriores durante las inscripciones se han presentado casos de discriminación o se ha impedido la inscripción de niñas y niños por origen, apellidos o porque han reprobado el año, pero también por situaciones ajenas a los propios estudiantes como embarazos, porque sus padres no están casados o son divorciados en incluso por la religión que profesan; todo esto es discriminación y no está permitido por la Ley», señaló el Defensor.
Asimismo se refirió a la prohibición de rechazar la inscripción de niñas y niños con discapacidad «la norma y la política educativa establecen la educación inclusiva por la que las niñas, niños y adolescentes que presentad discapacidad tiene derecho de recibir educación en las mismas condiciones que los demás, por lo que no aceptar su registro es también discriminatorio».
Otros aspectos que se verificarán son que no se afecten a las y los hijos de miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas o de personas que han cambiado su residencia; que no exista observación a la edad de las y los estudiantes o a las y los que deban repetir el curso por razones de aplazo.
Villena indicó que las oficinas defensoriales habilitarán un espacio para recibir denuncias y quejas de padres y madres que enfrenten algún tipo de rechazo o discriminación al momento de matricular a sus hijas e hijos e iniciarán una investigación para restituir el derecho vulnerado. Esta actividad se está realizando en coordinación con el Ministerio de Educación.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia