Todos aquellos sectores o grupos de nuestra comunidad que vienen tomando acciones y conductas reñidas con la ley y que perjudican directamente a nuestras niñas, niños y adolescentes en el acceso a la educación pública que el estado provincial garantiza gratuitamente en los diferentes establecimientos de todo nuestro territorio, son llamados e invitados por la Defensoría del pueblo de la Provincia a cesar en las mismas.
Desde el organismo de la constitución provincial se sostuvo que estas personas que impiden el ingreso de niños a establecimientos educativos en la zona de Subteniente Perín, más precisamente en las comunidades de San Carlos y Riacho de Oro y/o en otros lugares de nuestro territorio, lo único que logran es agravar e instaurar la desigualdad en nuestra sociedad, restringen el acceso a la educación pública y gratuita y al mismo tiempo impiden que docentes y auxiliares de estas escuelas puedan llevar a cabo sus actividades con normalidad y su accionar no permite incluso el normal funcionamiento de los comedores escolares.
En este sentido el Ombudsman provincial Dr José Leonardo Gialluca dejó aclarado que de ninguna manera estamos tratando de criminalizar una protesta social, lo que buscamos con una serie de medidas es garantizar el derecho humano a la educación, derecho fundamental que no puede ser perjudicado por la utilización desvirtuada de la protesta.
Se sostuvo además que se ha llegado al punto de que ya se han anunciado por los medios el corte en el día de hoy de la ruta nacional Nº 95 por el mismo grupo de personas que vienen impidiendo el inicio del ciclo escolar 2014 en las escuelas antes nombradas y a las cuales paradójicamente se las pretende beneficiar. Este abuso del pretendido derecho a peticionar hace recaer las consecuencias inmediatas sobre los educandos todos hijos y miembros de la comunidad a la que dicen defender y representar.
Todo derecho tiene como contrapartida un deber y la pretensión de ejercer un derecho a través de medios que se han popularizado pero que son rechazados por la comunidad organizada toda vez que con ellos se advierte una creciente falta de respeto a otro tipo de derechos de igual o mayor importancia al invocado produjo y produce consecuencias negativas que de prolongarse en el tiempo perjudicaran de forma irreparable a los niños no solo porque en la escuela se educan sino porque el sistema además le garantiza una atención integral de la cual ahora están privados.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa