La Defensoría del Pueblo presentó el Informe: «Una mirada a la escuela rural. Supervisión a Instituciones Educativas Públicas de Nivel Primaria» el cual informa sobre los resultados de una supervisión efectuada entre abril y junio del presente año a 451 Instituciones Educativas (IE) públicas de nivel primaria del ámbito rural.
El documento –puesto en conocimiento de las autoridades del sector educación y los presidentes de los gobiernos regionales- informa sobre la situación y los principales requerimientos en servicios básicos (agua, electricidad, saneamiento), textos escolares, personal docente e infraestructura. En este último aspecto se resalta la necesidad de priorizar el mantenimiento de la infraestructura y mobiliario escolar de las IE de zonas rurales. El 90% de las escuelas visitadas en todas las regiones del país requerían mejoras.
El documento constata que en el 40% de escuelas rurales los materiales educativos no llegaron al inicio del año escolar. Por ello, es necesario una mayor difusión y publicación oportuna de la información concerniente a los procesos de distribución de textos escolares, recursos asignados para tal efecto y las instancias responsables de esta labor a efectos de garantizar su entrega gratuita y oportuna. Al respecto, se ha solicitado a la Contraloría General de la República realizar las acciones de control dirigidas a determinar el uso adecuado de los recursos asignados a los Gobiernos Regionales para la distribución de textos escolares a través de las UGEL en el año 2013.
El Informe también llama la atención de las autoridades –de los tres niveles de gobierno- para atender los problemas que encaran los estudiantes las escuelas supervisadas en materia de traslado a sus centros de estudios, para acceder a internet y –en algunos casos- el condicionamiento de la matrícula en dichas zonas.
En relación con acceso a internet, se plantea evaluar las condiciones en las cuales se viene
haciendo uso del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa
(SIAGIE) en zonas rurales y las implicancias de ello en los procesos de matrícula, control de
asistencia y evaluación de estudiantes, así como disponer acciones de capacitación y asistencia técnica de las personas usuarias del sistema.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú