El Representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera defiende el derecho a la educación, asegurando que los alumnos no pueden constituirse en instrumentos de presión.
‘Una medida de presión se soluciona cuando hay voluntad de las partes en conflicto, por esta razón es que habiendo observado que tanto maestros como la Gobernación y la Dirección Departamental de Educación señalan tener la voluntad de solucionar este conflicto, que lo hagan de manera efectiva y de una vez concreten los acuerdos’, señaló Hernán Cabrera, Representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, al referirse al paro de actividades de 72 horas que los maestros urbanos están realizando en Santa Cruz.
Para esta autoridad, el derecho a la educación, una función fundamental del Estado se está afectando por este tipo de conflictos, vulnerando la educación a miles de estudiantes que ven rezagados su conocimiento, porque de seguro este paro a de afectar la correcta aplicación de la currícula escolar y el calendario escolar; por otra parte el Representante Defensorial hizo notar la falta de una infraestructura adecuada donde funcione el ex SEDUCA que hace que toda la ciudadanía realice trámites en condiciones indignas, tal y como ocurre en el edificio alquilado donde reina la desinformación, precariedad e incomodidad.
Cabrera también señaló que el derecho a la educación no debe ser afectado y los alumnos y alumnas no pueden constituirse en una especie de rehenes o instrumentos de presión en temas de índole administrativo, que deben ventilarse en otros espacios en los que se deberá analizar la propiedad, la responsabilidad, los deberes y otros aspectos que son accesorios a esta primordial función del Estado.
Se informó que la oficina defensorial remitió cartas a la Federación de Maestros Urbanos para que piensen en otras medidas de presión; a la Gobernación de Santa Cruz para que extreme los recursos y al Ministerio de Educación, para que su titular se haga presente en esta ciudad, actores fundamentales en este conflicto, quienes deben generar las condiciones para un acuerdo para viabilizar el normal desarrollo de las actividades educativas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Bolivia