Es necesario establecer compromisos entre los distintos actores de la sociedad civil y las autoridades gubernamentales para que las y los jóvenes ejerzan sus derechos socioeconómicos, políticos, culturales, informativos, de desarrollo y de convivencia, que les permitan construir una vida digna en la ciudad, señaló el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
Durante su participación en el Foro: “Hacia una Política Pública de Atención a Jóvenes que ni estudian ni trabajan”, advirtió que, partiendo de la necesidad y reconocimiento que tienen los jóvenes como sujetos de derechos y participantes de su desarrollo, son necesarias políticas públicas que tiendan hacia el pleno empleo y la educación universal.
Explicó que el sistema económico y de desarrollo social basado en el mercado desplazó el papel del Estado en la satisfacción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
No obstante, precisó que “El Estado y la sociedad, a través del mercado, son deficitarios en la generación de las necesidades básicas para las y los jóvenes o, en su caso, las distribuyan selectiva e inequitativamente, de tal forma que depositan en ellos la capacidad de configurar proyectos de vida sostenibles, como un compromiso de carácter individual”.
Dijo que es necesario partir de que el Estado, a través de los distintos niveles y órdenes de gobierno, y la sociedad civil se encuentran rebasados por este fenómeno; no sólo por la insuficiente capacidad en términos de política pública para satisfacer las necesidades básicas de las y los jóvenes, sino porque tampoco cuentan con las herramientas epistemológicas para abordar un nuevo paradigma de insatisfacción y desasosiego que caracteriza a esta llamada generación nini”.
El Ombudsman capitalino lamentó que el contexto laboral mantenga a 37% de jóvenes de entre 20 y 29 años desocupados o con problemas graves que los hacen abandonar sus estudios de secundaria o preparatoria para incorporarse al mercado laboral, en medio de discriminación hacia las mujeres, de bajos salarios y la falta de prestaciones, en por lo menos la mitad de los casos de quienes trabajan como empleados u obreros.
Citó datos de INICIA, A.C. y dijo que actualmente la mitad de los jóvenes que trabajan comenzó su vida laboral entre los 13 y los 16 años, se emplearon de tiempo completo y lo hicieron en condiciones precarias, en la mayoría de los casos.
De acuerdo con el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, agregó González Placencia, de los jóvenes de 15 a 19 años, 81% dijeron ser obreros, 32.1% que se contrataron sólo de manera verbal, 48% que ganan entre uno y tres salarios mínimos.
En tanto, las y los jóvenes de entre 20 a 24 años, reportaron ser empleados u obreros en 68% de los casos; 61% tiene un contrato escrito y el salario para 54% es de uno a tres.
“La pobreza y la exclusión social en las que se encuentran muchos jóvenes determinan el ejercicio de derechos fundamentales, por ejemplo entre las mujeres jóvenes con al menos un hijo, las poblaciones que hablan lenguas indígenas, las y los jóvenes con algún tipo de discapacidad”, insistió.
Dijo que según algunos estudios sociológicos, se considera que las y los jóvenes que ni estudian ni trabajan (generación nini) y que forman parte de familias empobrecidas suelen estar más vinculados con el desarrollo de actividades ilícitas y violentas.
Sin embargo, advirtió que: “El reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los cárteles y en el sicariato evidencian la incapacidad del gobierno y de la sociedad civil para fortalecer capacidades, a través de educación y empleo”.
Señaló que el consumo de drogas se incrementó en 600% en los últimos 5 años en la ciudad de México, al mismo tiempo que se fortaleció una política criminal que tiene en las cárceles capitalinas a jóvenes de bajos recursos y bajo nivel educativo, de entre 18 y 29 años, y que significan 60% de la población penitenciaria.
De acuerdo con las quejas atendidas por la CDHDF, 74.3% de las y los jóvenes de 18 y 29 años, mencionó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como responsable de la violación a su derecho humano a la integridad personal y 61% de peticionarias y peticionarios de entre 12 y 29 años mencionó a esta institución en los casos por violación a su derecho a la libertad y seguridad personales.
“La existencia de un patrón sistemático de presuntas violaciones a derechos humanos de las y los jóvenes capitalinos responde a una política de seguridad pública que criminaliza a la juventud”, consideró González Placencia.
Señaló que, de acuerdo con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, se requiere respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y No Discriminación, el derecho a la educación de las y los jóvenes, a través de la reducción del rezago educativo y el incremento cualitativo de los índices de escolaridad de nivel medio superior y superior.
En cuanto a los derechos laborales de las y los jóvenes, González Placencia advirtió que sobre la necesidad de crear mecanismos que garanticen trabajo digno y justamente remunerado, a través del aumento de oportunidades y del fortalecimiento del binomio culminación de estudios/ingreso al campo laboral adecuado y digno, así como el impulso institucional a proyectos productivos y microempresas juveniles.
Fuente: Tomado de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal