«El 29 de julio, envié al Presidente de la Cámara de Senadores, una carta que contenía nuestras observaciones al proyecto de Código de las Familias, entre las que se encuentran una serie de consideraciones sobre el respeto a los derechos de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, pueblos indígena originario campesinos y las personas con diversidad sexual y orientación de género.
En torno a esto último, hemos expresado claramente nuestra sugerencia de que se incluya en la citada ley una institución semejante al matrimonio o unión libre por la cual la población con diversidad sexual pueda ejercer su derecho a no sufrir discriminación, especialmente en lo que se refiere a su pertenencia a una familia.
Y esta propuesta la hicimos únicamente con el propósito que se cumpla la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales que instruyen que debemos eliminar cualquier tipo de discriminación por cualquier causa o circunstancia.
La mañana de hoy he sostenido una importante reunión con representantes del colectivo TLGB, que hoy me acompañan en esta conferencia y con quienes hemos compartido criterios jurídicos y de derechos humanos sobre este tema y hemos encontrado una serie de coincidencias entre nuestro planteamiento y su reivindicación, aunque también algunas diferencias que respetamos profundamente.
Debido a que se han generado una serie de interpretaciones distorsionadas de nuestro planteamiento, quiero dejar en claro que la Defensoría del Pueblo respeta profundamente el contenido de la Constitución que establece con claridad que el matrimonio y la unión libre se conforman de la unión entre un hombre y una mujer, sin embargo exige de los legisladores el respeto al Art. 62 de la misma Constitución que establece que «el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades». Este artículo claramente habla de familia y no de matrimonio.
Entendemos que incluso quienes no están de acuerdo con nuestra opinión, han aceptado que la familia ya no puede entenderse a la manera tradicional y ortodoxa y que pueden existir, y de hecho existen, diversos tipos de familia, una de las cuales es la que conforman personas del mismo sexo y creemos que este es un avance sustancial para el reconocimiento de la diversidad, la aceptación de la realidad, pero sobre todo el respeto a los derechos.
Nuestra posición se limita a demandar que se cumpla el derecho a la conformación de familias sin discriminación y para ello, los legisladores tienen la obligación de plantear y diseñar una institución que cumpla con el derecho de las personas con diversidad sexual y orientación de género a no ser discriminadas en su decisión de construir familias, de modo que se respeten sus derechos y se regulen aspectos legales, respecto a bienes gananciales, sucesiones, seguridad social a corto y largo plazo, asistencia familiar, administración de bien y representación legal, extinción del vínculo y efectos, además de otros relativos.
Porque tenemos la certeza que la demanda del colectivo TLGB es jurídicamente correcta y tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos, hemos decidido apoyar plenamente su reivindicación y acompañar las gestiones que realizan ante la Asamblea Legislativa con este propósito.
Finalmente quiero extender públicamente una invitación cordial y respetuosa al Sr. Presidente de la Cámara de Senadores, don Eugenio Rojas, para que nos podamos reunir con la Comisión que en esa instancia está revisando la propuesta de Diputados, y realicemos conjuntamente un análisis jurídico y técnico desde la perspectiva de los derechos humanos que ambos, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Legislativa, hemos jurado defender.»
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia