GALICIA: El Valedor do Pobo insiste en la obligación de dotar de recursos económicos y personales a las familias con menores en situación de emergencia social

En el marco de la investigación que mantiene abierta para analizar la problemática de la pobreza y la exclusión social infantil, el valedor demanda el abordaje integral del problema más allá del debate acerca de los comedores y de los fondos de prevención de la pobreza infantil.

El Valedor do Pobo estudia la posible incidencia que la disminución de los recursos de las familias está teniendo en la alimentación de los niños gallegos. En el marco de esta investigación, que nació del interés de abordar de una manera rigurosa la cuestión, y en la defensa del interés superior del menor, el alto comisionado parlamentario cree necesario que por medio de los servicios sociales autonómicos y locales se desarrollen acciones continuadas con las unidades familiares afectadas.

Consciente de que una parte importante de las formas de pobreza que pueden engendrar carencias alimentarias o insuficiencias nutricionales en la población infantil son abordadas por los servicios sociales comunitarios, el Valedor do Pobo mantiene abierta una queja presentada con el objeto de conocer el estado de la cuestión en Galicia. Hasta el momento se dirigió los responsables del Servicio Gallego de Salud (Sergas), al Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, a la confederación de asociaciones de padres y madres (Confapa) de la comunidad, a la Asociación Gallega de Pediatría, a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), a Cáritas Diocesana y a Unicef Galicia.

Como impresión inicial, dentro de esta primera fase de su investigación, la institución considera que más allá de los debates puntuales generados recientemente, es urgente aplicar un enfoque integral y multidimensional. El compromiso para atajar la desigualdad infantil debe pasar, según el alto comisionado parlamentario, por el desarrollo de un plan de acción de inversión real en la infancia que, según su criterio, debe considerarse una política fiscal rentable en el terreno europeo, estatal, autonómico y local. En este sentido considera que un fondo específico para la prevención de la pobreza infantil y para la atención de los más desfavorecidos resulta una medida modesta.

Un problema familiar

El estudio desarrollado hasta el momento por la defensoría permite concluir que las situaciones de emergencia social que afloran con los problemas de alimentación de los niños atañen a la unidad familiar en su conjunto. Son los servicios sociales autonómicos y locales, con los necesarios recursos económicos y personales, los que deben dar apoyo a todos los miembros de la familia, considera al valedor, convencido de que las deficiencias en una adecuada alimentación de los menores son una señal de carencias materiales severas en el seno de la familia.

Comedores

La institución, que trabaja en pro de la protección de los derechos de los menores exige en este sentido apoyos para el ámbito doméstico, con acciones continuadas hasta la superación de la situación de emergencia social, más allá de iniciativas en las que centros de restauración privados se abren para que acudan los niños o del debate acerca del uso de los comedores escolares.

En este último supuesto, la posición del defensor gallego pasa por que en ningún caso se abran estas instalaciones escolares como recurso asistencial para ser ocupados sólo en el servicio de comidas por un determinado sector de población, ya que constituyen un recurso estrictamente educativo que habría sentido habilitar al amparo de programas educativos de conciliación, de aprovechamiento de tiempo de ocio, de actividades para los niños en el horario de almorzar, etc. La misma prudencia debe abarcar a los establecimientos privados de restauración. Para sustituir estas actuaciones de los comedores es mucho más pertinente articular mecanismos para llevar los alimentos a los domicilios de las familias identificadas.

El problema, por lo tanto, tiene que ser abordado de una manera integral según esta institución, la que exige garantizar un ingreso mínimo adecuado para las familias (por encima de la entrada de la pobreza relativa) y fortalecer los sistemas de bienestar universales, junto con inversiones directas dirigidas a los niños vulnerables en los senos de sus familias.

 

FUENTE: Valedor do Pobo