El Defensor del Pueblo Andaluz ha dado a conocer hoy en el Pleno del Parlamento de Andalucía la actividad del Informe Anual de 2013.
El Defensor ha llamado la atención también sobre el paro y sus efectos en la población juvenil; el detrimento de la salud mental ante los recortes en el gasto público, y los índices de pobreza y el riesgo del aumento progresivo de la desigualdad social, entre otras.
En este sentido, ha lamentado los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el crecimiento de la pobreza en Andalucía, que corrobora la denuncia pública que la Oficina viene reiterando tras las quejas presentadas por la ciudadanía durante 2013, donde el 40 por ciento es consecuencia de la crisis económica y afecta a los colectivos más débiles. Esto es, los mayores, las mujeres y los menores.
El Defensor ha recordado que es obligación de las administraciones prestar una protección especial a los sectores más empobrecidos de la sociedad, en la actual coyuntura de crisis económica, que sitúa la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en el 30%, -elevándose al 37% cuando hablamos de los menores-. Y, por ello, ha pedido a los grupos políticos que Andalucía dé un paso cualitativo en la ‘garantía de unos ingresos mínimos de subsistencia a
esa población, superando el Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Esta reivindicación y la petición del compromiso de todos los poderes públicos para abordar el problema de la vivienda en Andalucía han sido las principales propuestas que el Defensor del Pueblo Andaluz ha querido destacar durante su intervención.
Jesús Maeztu ha anunciado que la Oficina que dirige va a realizar un estudio de la viabilidad y puesta en marcha de medidas que ayuden a solventar el problema de la vivienda en Andalucía.
Un mapa de la vivienda que ya ha iniciado con la queja de oficio dirigida al Ayuntamiento de Sevilla y que ahora quiere hacer extensible al resto de municipios andaluces de más de 20.000 habitantes y a la Consejería de Fomento y Vivienda, para lo que ha pedido en el Parlamento, también, la implicación y coordinación de las administraciones, la iniciativa privada y los agentes sociales y profesionales.
Una vez más, el Defensor ha vuelto a mostrar su preocupación por los datos que arrojan la actividad de la Oficina en su último ejercicio, caracterizada por un aumento de las familias andaluzas en situación de exclusión social, y la irrupción de nuevas capas de población, que hasta ahora habían permanecido ajenas a la crisis.
Más información del Informe Anual 2013 y datos estadísticos en www.defensordelpuebloandaluz.es
FUENTE: Defensoría del Pueblo Andaluz