La Institución recuerda la necesidad de un diagnóstico sobre la situación actual de los afroperuanos en el país.
En el marco del Día Internacional contra la Discriminación Racial, la Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, invocó hoy a todos los sectores del Estado articular esfuerzos para mejorar y fortalecer los mecanismos de prevención y sanción de cualquier acto de discriminación y racismo.
«Pese a que estas conductas se presentan de manera cotidiana en nuestra sociedad, todavía no se han articulado los esfuerzos necesarios por parte del Estado para prevenir estos actos, ni para realizar las investigaciones adecuadas que garanticen una sanción efectiva. Hasta la fecha sólo contamos con dos sentencias por discriminación y muy pocas sanciones administrativas por parte de los gobiernos regionales, provinciales y locales que cuentan con ordenanzas contra la discriminación», señaló Vignolo.
Detalló que de las 56 ordenanzas municipales y regionales que se conocen en todo el país, la Defensoría del Pueblo ha supervisado 31 de ellas cuyo resultado reveló que sólo los municipios de Majes (Arequipa), Jesús María y Miraflores han realizado acciones de capacitación y sensibilización, siendo la comuna miraflorina la única que atendió 27 casos de discriminación de diversa índole- entre ellos discriminación racial- de los cuales 7 fueron sido sancionados.
Precisamente, la funcionaria enfatizó que una de las acciones indispensables que el Estado tiene que liderar es en el ámbito educativo, a partir del cual se desarrollen políticas que permitan la inclusión y valoración de la identidad cultural de colectivos indígenas, andinos o afroperuanos –entre otros–. «Es necesario que la sociedad tenga herramientas para conocer y comprender mejor la realidad de las distintas culturas del Perú.
Además, es en las escuelas donde se fortalecen los valores y principios que aportan decididamente en la lucha contra esta lacra social», acotó Vignolo. De otro lado, recordó que en marzo del 2011, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe de Adjuntía N° 003-2011/DP-ADHPD, denominado «Los afrodescendientes en el Perú. Una aproximación a su realidad y al ejercicio de sus derechos». En dicho documento se formularon diversas recomendaciones, entre ellas, a los Ministerios de Cultura, Educación y Salud, así como al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con la finalidad de contribuir al pleno reconocimiento de los derechos de la población afroperuana.
Precisamente, acogiéndose algunas de ellas, la funcionaria saludó avances, en la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos del Ministerio de Cultura, donde se ha fortalecido su capacidad institucional para difundir y transmitir el enfoque étnico afroperuano en las políticas públicas», destacó la funcionaria.
Dijo que dicha Dirección viene preparando un plan de trabajo con enfoque de derechos, el cual será discutido y consultado con la población y organizaciones de la sociedad civil, teniendo como base el principio de la igualdad y la no discriminación. «Esto es importante porque se reconoce la necesidad de que la población participe en la elaboración y diseño de políticas públicas que les competen», subrayó.
De otro lado, destacó la decisión de la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural (Digeibir), de incorporar a un representante de las organizaciones afroperuanas en el Consejo Consultivo de Educación, lo cual permitirá conocer y atender las demandas de este sector.
En otro momento, la funcionaria recordó la necesidad de contar con información especializada cuyo público objetivo sea la población afroperuana, a fin de que el Estado elabore un diagnóstico completo sobre su situación actual. Dicha propuesta sostuvo cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y representantes de la sociedad civil. Incluso el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ha mostrado su mejor disposición para evaluar dicha recomendación.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú