Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación contra la Discriminación Racial (21 de marzo), el Defensor del Pueblo quiere destacar las luchas contra las distintas formas de discriminación de que han sido víctimas los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y raizales, el pueblo Rom y los demás grupos étnicos que con su historia y su cultura han contribuido decididamente a la construcción de un proyecto de país más tolerante, democrático e incluyente.
Sin embargo, la Constitución Política de 1991 dio un gran paso adelante al acoger de manera expresa el carácter pluriétnico y multicultural de Colombia, admitiendo en su artículo 6º que el Estado «reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana».
De igual forma, el artículo 8º de la Constitución destaca la obligación del Estado y de las personas de proteger «las riquezas culturales y naturales de la Nación», con lo cual se expresa en términos amplios la compleja trama sociológica, cultural y natural que se integra a nuestra nacionalidad.
No es un secreto que la consolidación de un espacio de articulaciones armoniosas en torno a modelos de vida ha sido influido por paradigmas que han pretendido marginar a segmentos de la población hermanados por la raza y por su vinculación a estructuras históricas y culturales comunes.
La lucha contra prácticas discriminatorias impulsada por quienes han sido injustamente despojados de sus territorios y sometidos a condiciones de vida ajenas a sus costumbres y concepciones, ha permitido un análisis en perspectiva de tales modelos, y ha conducido a la reformulación de esquemas que permitan superar los rezagos a que están sometidas las comunidades indígenas, los pueblos afro, los raizales y Rom, así como las diversas comunidades que se mantienen fieles a unas tradiciones y a una cultura rica en expresiones de toda índole, y que tiene mucho que aportarnos si se trata de asumir una lectura alternativa de nuestra realidad.
Carácter pluriétnico
Producto de esta lucha permanente de los pueblos indígenas, afro, raizales y Rom, entre otros, junto con sectores de nuestra sociedad que pudieron converger en la Asamblea Nacional Constituyente, fue el reconocimiento expreso a nivel constitucional del carácter pluriétnico y multicultural de nuestra Nación.
Para hacerlo viable, la misma Constitución consagró como cláusula general de igualdad en el artículo 13 el principio según el cual todas las personas «nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica».
El mismo artículo advierte que el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad «sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados». De acuerdo con esta realidad, la propia Constitución ha ideado un catálogo de medidas e instrumentos que deben permitir la consolidación de un estado de cosas en el que la discriminación sea superada paulatinamente y sea posible la existencia pacífica en condiciones dignas de las distintas comunidades que integran la nación colombiana.
Así, la obligación de adoptar las medidas de acción afirmativas en favor de grupos discriminados aparece explícita en el inciso 2º del citado artículo 13. De hecho, la propia Constitución ha consagrado medidas tales como la circunscripción especial electoral, para posibilitar la elección de representantes de las comunidades indígenas, grupos étnicos y minorías políticas.
En el mismo sentido, el artículo 246 de la Constitución Política reconoce la jurisdicción especial indígena, con el fin de que las comunidades puedan ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su territorio. Por lo demás, el artículo 286 ha reconocido la posibilidad de que las comunidades se instituyan como «entidades territoriales» para la gestión de sus intereses, la designación de sus autoridades y la administración de sus recursos, entre otras atribuciones.
Igualdad real y efectiva
Sin embargo, aunque estas medidas han permitido sin duda el empoderamiento de las diferentes comunidades, debemos propiciar las condiciones para la realización del postulado según el cual la igualdad deberá ser «real y efectiva». Las diferentes comunidades están asentadas en territorios que hoy son considerados como estratégicos. Existen allí recursos como el petróleo, los metales preciosos, el carbón, el gas, o se trata de zonas que representan alguna ventaja estratégica para grupos armados ilegales.
Esta mixtura de actores, factores e intereses han confluido de manera preponderante en zonas que pertenecen a las distintas comunidades o grupos, en donde se han producido violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales a la identidad, la cultura y el territorio, lo mismo que los derechos a la vida, la integridad y la libertad.
La sociedad colombiana está en deuda con los grupos discriminados o marginados por razón de su origen étnico. Se trata de comunidades que históricamente han sido víctimas de despojo, desplazamiento, de afectaciones a sus derechos fundamentales.
La Defensoría ha promovido diferentes actividades en pro de la consolidación de un contexto en el que los derechos de las comunidades étnicas sean una realidad concreta. Por medio del ejercicio de acciones públicas de inconstitucionalidad, populares o de tutela, ha promovido sus derechos al territorio y a la identidad étnica y cultural de diversos pueblos; ha adelantado investigaciones que han conducido a la expedición de Resoluciones Defensoriales para la protección de sus derechos y ha presentado, en varias ocasiones, un proyecto de ley estatutaria que busca desarrollar la igualdad y la no discriminación que incluye la definición de actos discriminatorios referidos a grupos específicos e incorpora sanciones para quienes incurran en ellos.
La Defensoría viene comprometida en la lucha contra la discriminación, y en sus diferentes estrategias ha desplegado actividades orientadas a sensibilizar a las autoridades y la sociedad en general sobre prácticas, patrones y actitudes discriminatorias que afectan de manera sensible los derechos de las distintas comunidades a existir como pueblo y a desarrollarse conforme a los postulados de su propia cosmovisión. La Defensoría entiende la necesidad de que se garanticen en forma efectiva los derechos de tales comunidades, superando los obstáculos para promover su realización.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia