- Defensor del Pueblo presentó propuestas a la comisión de reforma del sistema de justicia designada por el Ejecutivo.
- Documento incluye recomendaciones para una reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura.
La Defensoría del Pueblo presentó al Poder Ejecutivo – a través de la comisión designada para este tema – una serie de propuestas de reforma del sistema de justicia a fin de contribuir con la solución de la actual crisis por la que atraviesa dicho sector.
Uno de los puntos que forman parte de este paquete de propuestas se refiere a la rendición de cuentas del sistema de justicia en el país. “Tenemos un poder judicial que no rinde cuentas. Como ciudadano me interesa no solo cómo se gasta el presupuesto, sino también cómo se deciden los casos de violencia contra la mujer o de agresiones sexuales a la niñez. Es decir, de cuál es la seguridad y predictibilidad de los casos judiciales” sostuvo Gutiérrez.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo ha propuesto que el Poder Judicial rinda cuentas una vez al año sobre la predictibilidad de los casos, sobre cómo administra justicia y cómo se controla a los jueces. “El Poder Judicial no tiene plan anticorrupción por ejemplo. Así no se puede combatir este mal porque no se tiene una línea de base ni indicadores”, precisa el Defensor del Pueblo.
La calidad de los magistrados es vital para la reforma de justicia. Por ello, la Defensoría del Pueblo ha recomendado establecer como un requisito obligatorio la evaluación permanente de los jueces y sobre todo la presentación de una hoja de vida que debe incluir 3 puntos: su red de intereses que permita advertir posibles conflictos en el ejercicio de su cargo, su formación académica y trayectoria profesional, así como la forma en la cual administra justicia a través de la publicación de sus resoluciones que garanticen la predictibilidad de su acción jurisdiccional. “Hemos visto cómo se aplica la justicia en favor de los más fuertes o de los agresores. Necesitamos saber si una jueza de familia por ejemplo conoce los fundamentos necesarios para los juicios de alimentos” sentenció Gutiérrez.
La Defensoría del Pueblo considera además que la calidad profesional de los abogados que finalmente recaen en el sistema de justicia en general debe ser prioritaria en cualquier tipo de reforma. Por ello, se ha propuesto fortalecer el control disciplinario de la carrera del derecho a través de la implementación de sistemas de evaluación y acreditación de los mismos. Para esto, los Colegios de Abogados deberán reforzar los mecanismos de evaluación y sanción de sus agremiados de forma permanente, de tal manera que se garantice así el buen desempeño profesional.
En vista de la actual situación de crisis, el Defensor del Pueblo sostuvo que la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debe empezar con la suspensión de sus funciones de nombramiento, evaluación y sanción de magistrados. “El CNM ha fracasado en su estructura, en sus funciones y en las exigencias para seleccionar a sus miembros. Tras la renuncia de 6 de sus consejeros, debe asumir su Secretario General pero sin las funciones de nombramiento, evaluación y sanción. Hay que hacer una pausa de un año por lo menos para reformular su estructura”, indicó.
La Defensoría del Pueblo considera que la reforma del sistema de justicia debe contar con la contribución de todos los sectores involucrados en el tema pero además debe hacerse con una mirada responsable y serena que no promueva la deslegitimación de todo el sistema.