La Defensoría del Pueblo aperturó una investigación a denuncia de una ciudadana de Villa Tunari – Cochabamba, quien refirió que cursaba un embarazo en el que le diagnosticaron anencefalia del feto, es decir que el ser en gestación tenía una malformación en la cabeza debido a que no tenía cerebro. Informada que podía internarse e interrumpir su embarazo en aplicación de la Sentencia Constitucional Nº 206/2014, juntamente a su esposo decidieron que dicho procedimiento sea practicado en la CNS de Sucre ya que son beneficiarios de este seguro social y sólo contaban con familiares en esta ciudad.
Asimismo, habría sido internada por casi 10 días en el Hospital “Dr. Jaime Mendoza”, habiendo los médicos confirmado el diagnóstico, indicando que el ser en gestación no tenía probabilidades de vivir y que en cualquier momento moriría, razón por la que la peticionaria y su esposo solicitaron la interrupción del embarazo en aplicación jurisprudencia aplicable. La situación se habría complicado cuando el ginecólogo del nosocomio se negó a realizar el procedimiento y convocó una junta médica que determinó que para la interrupción del embarazo requerían de una autorización judicial o en su caso se debía continuar con el embarazo, aún sabiendo que la peticionaria ya tenía 21 semanas de embarazo y el continuar esperando ponía en riesgo su vida, debido a que el bebé podía morir en su vientre y producirse una infección.
Ante esta circunstancia, la gestante pidió alta médica para acudir a otro hospital y en fecha 28 de febrero de 2018 en el hospital Gineco Obstétrico «Dr. Jaime Sánchez Pórcel» fue atendida por los médicos que interrumpieron su embarazo en aplicación del Reglamento Técnico de aplicación de la Sentencia Constitucional 206/2014 en los Centros de Salud Pública, aprobado por el Ministerio de Salud, que regula la prestación en los servicios de salud de la interrupción legal y segura del embarazo, para garantizar el derecho de las mujeres al acceso a servicios, oportunos y de calidad.
Ante este hecho, “la Defensoría del Pueblo recuerda el cumplimiento deberes sobre disposiciones constitucionales y determinaciones del ente rector por parte de profesionales médicos que menoscaban los derechos de las mujeres, por lo que se continuará con la investigación defensorial que podría determinar responsabilidades para los profesionales médicos denunciados”, manifestó el Defensor.