Defensoría determina importancia de dicho mecanismo para el combate de la pobreza
La Defensoría de los Habitantes recomendó a la Presidencia de la República mantener y fortalecer la estrategia de atención a la pobreza conocido como “Puente al Desarrollo”, al ser un mecanismo de articulación de los programas, proyectos y acciones que buscan garantizar el derecho de acceso a los bienes, servicios y productos que ofertan instituciones y organizaciones públicas y privadas a nivel nacional dirigidos a personas en esta condición. La solicitud se realiza como parte del estudio de pobreza que impulsó la Defensoría. En este capítulo se hizo valoración sobre el potencial de la Estrategia Puente al Desarrollo, ya es pilar de las acciones que Costa Rica debe cumplir respecto de las metas de la Agenda 2030. “Puente al Desarrollo” fue creado en la administración anterior siendo que desde el 2015 hasta febrero de 2018, las familias atendidas llegaron a 52.560, es decir, un 96% de la meta comprometida en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual resulta un hallazgo muy positivo. La muestra de personas beneficiarias consultadas por la Defensoría, una vez concluida su participación en esta estrategia, arrojaron como resultados que un 34% indicó estar muy satisfecho y un 50% satisfecho, para un 84% del total. Del 100% de los programas institucionales, el 36.36% son asistencialistas, el 54.54% tienen carácter de desarrollo de capacidades y un 9% tiene ambas condiciones. Para la Defensoría esto confirma la vocación hacia la corresponsabilidad que tiene la Estrategia.
“La Estrategia Puente de Desarrollo” representa un avance positivo que marca un cambio fundamental en relación con la forma ordinaria de abordaje de la pobreza por parte del IMAS, por sus características de: articulación institucional, integralidad, el acompañamiento y motivación aportada por las personas cogestoras sociales y la responsabilidad asumida por las familias beneficiarias”, dijo Juan Manuel Cordero, Defensor de los Habitantes en funciones.
El Defensor también reconoció la coordinación política realizada en la administración anterior desde el Consejo Social Presidencial y la Segunda Vicepresidencia de la República, pues abonó para la exitosa articulación institucional y la atención preferencial en el acceso a la oferta programática del Estado. Este hallazgo se complementa al razonamiento expuesto por la Defensoría en la primera parte de la investigación realizada al respecto, en cuanto a la necesidad de que se defina formalmente un ente rector para el sector. Por lo tanto, mientras no se establezcan por ley las funciones de un ente rector en la materia, la Defensoría de los Habitantes encuentra recomendable que la coordinación de la estrategia de combate a la pobreza (sea Puente al Desarrollo u otra) se mantenga al más alto nivel jerárquico posible como se hizo en la administración 2014-2018.
Para la Defensoría otro factor de éxito de Puente al Desarrollo que debe valorarse por parte del Estado, lo constituye el que en la primera fase de la intervención se garantiza el acceso a la alimentación y salud como un primer paso para que las familias tengan las condiciones mínimas para asumir los compromisos adquiridos en su condición de beneficiarias de la Estrategia. Ahora bien, si bien es cierto, el acceso a los bienes y servicios públicos que conforman la oferta estatal pública es indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas que son beneficiarias, la superación de la condición de la pobreza solo es posible en el tanto las familias logren la independencia del ingreso por el subsidio otorgado por la Estrategia, para generar sus propios ingresos a partir del acceso a un empleo estable o la constitución de un negocio que sea sostenible en el tiempo. En ese sentido, el éxito y sostenibilidad de la Estrategia Socio-Laboral que inició en el 2018 es esencial para que el esfuerzo realizado por las familias, cogestores y el Estado no se pierda por falta de oportunidades de trabajo.
La Defensoría dará seguimiento al avance y consolidación de esa Estrategia. Varias de las instituciones estatales vinculadas con la Estrategia han tenido que revisar su forma de trabajo para responder adecuadamente a las necesidades y particularidades de la población objetivo de la Estrategia. Uno de esos casos es el INA que al inicio de su vinculación tuvo que realizar un muy importante esfuerzo institucional para darle a la EPD el lugar que le correspondía en el quehacer institucional. La curva de aprendizaje que el INA ha generado en este proceso es crucial para continuar mejorando el desempeño de la Institución y apuntalar su capacidad de brindar los servicios que la población objetivo de la Estrategia requiere, incluyendo su vinculación efectiva con la Estrategia Socio-Laboral. Establecer una relación más estrecha con los sectores productivos de las distintas regiones geográficas del país, para que su oferta de capacitación responda de forma oportuna y con la calidad y condiciones requeridos por las empresas y sectores productivos de las mismas.
Por otra parte, el estudio realizado por la Defensoría confirma, como ya lo han hecho distintas instancias, que la jefatura femenina de los hogares en pobreza extrema una de las características más representativas de la población objetivo. En esa condición de madres-jefas de familias, las dificultades para el cuido de las hijas e hijos menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores, es una de las mayores onstáculos para que estas mujeres enfrentan el cumplir los compromisos como la asistencia a cursos de capacitación. Consecuentemente, es necesario que el Estado costarricense redoble los esfuerzos para garantizar opciones de cuido en todo el país. La Defensoría tiene claro que ni Puente de Desarrollo ni otra iniciativa similar tienen el poder por sí mismas de reducir en el largo plazo y en forma sostenible la pobreza, si el país no crea nuevas oportunidades de empleo y emprendimientos sostenibles, así como un sistema educativo que estimule la conclusión exitosa de los estudios en las diferentes modalidades y que sea acorde con las necesidades del sector productivo del país. Consecuentemente, el MEP, el INA, MEIC, MTSS, MAG, INDER, INFOCOOP y el Sistema Banca para el Desarrollo tienen una responsabilidad crucial en el corto y mediano plazo.
La Defensoría considera necesario señalar, que hay un sector de la población en condición de pobreza extrema que, por las condiciones particulares del grupo familiar, no pueden tener una vida digna si no es por medio de la ayuda estatal. Esa población carece de las condiciones mínimas hasta para asumir los compromisos que exige el principio de corresponsabilidad, a la vez que requiere de la ayuda incondicional del Estado e indefinida en el tiempo. Ese es el caso, por ejemplo, de familias conformadas por adultos mayores que no tienen parientes cercanos, familias cuyos hijos tienen distintas discapacidades que requieren de un cuido permanente, entre otros. Oficina de Prensa Defensoría de los Habitantes