En el marco del Día Mundial del Refugiado, la Defensoría del Pueblo remitió una comunicación al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sr. Paulo Abrao, expresando su condena por la práctica que separa a los niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familiares, como parte de la política migratoria “tolerancia cero”, aplicada por los Estados Unidos de América. Asimismo, solicitó adherirse al pedido de medidas cautelares planteado por distintas instituciones de derechos humanos de la región, en favor de los migrantes menores de edad.
La Defensoría del Pueblo considera que el quebrantamiento de la unidad familiar y la privación de la libertad de sus miembros agrava la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, pues esta práctica constituye un trato cruel, inhumano y degradante a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Esta situación, desde todo punto de vista, configura una grave afectación a la dignidad de las personas y, además, contraviene el principio del interés superior de la niñez al no tomar en cuenta que toda medida relacionada a ellos no debe afectar sus derechos a la vida, integridad física y psicológica y, principalmente, a vivir en familia, reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
A fin de proteger a nuestros compatriotas eventualmente afectados por las políticas migratorias implementadas por los Estados Unidos, se ha requerido información a nuestra Cancillería sobre quienes podrían encontrarse en centros de detención migratoria en Estados Unidos, así como las medidas adoptadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para salvaguardar el derecho a la protección consular.
Debe tenerse presente que la migración irregular no es un delito, aun cuando el tratamiento por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América supone su criminalización. Esta posición desconoce, entre otros aspectos, la existencia de casos que requieren protección en el marco del Derecho Internacional de los Refugiados.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo recuerda que en nuestro país se requiere mejorar el trato que se dispensa a los migrantes que solicitan refugio, particularmente en lo relacionado con su derecho a la identidad personal. Se ha señalado en reiteradas oportunidades que el carné de identificación que se les viene otorgando no es reconocido como un documento de identidad válido por diversas instituciones públicas y privadas. Esto ocasiona que vean limitado el ejercicio de sus derechos al no poder acceder al Seguro Integral de Salud (SIS) ni abrir cuentas bancarias; entre otras afectaciones que ponen en riesgo su vida, integridad, inclusión y desarrollo personal.
Fuente: http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=20918