La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, acompañó a las personas con discapacidad quienes marcharon el 3 de mayo en conmemoración de los 10 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Luego de la ratificación de la Convención, a partir de su artículo 4, el Estado salvadoreño se comprometió a la adopción de medidas para el efectivo cumplimiento de la Convención y asegurar que las autoridades e instituciones públicas actúen según lo dispuesto en esta; a la armonización efectiva de la legislación nacional a partir de su contenido; a la eliminación de prácticas y costumbres discriminatorias y de exclusión por parte de entes públicos y privados, incluyendo organizaciones en general; así como tomar en cuenta a las personas con discapacidad en la elaboración y la implementación de las políticas, programas y de la legislación para el cumplimiento de la Convención; así como también celebrar consultas estrechas en decisiones sobre todas aquellas cuestiones que incidan en el ejercicio de los derechos de esta población. Sin embargo, esas obligaciones que les fueron recordadas en las Observaciones finales sobre el informe inicial de El Salvador en septiembre del año 2013, por parte del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siguen incumpliéndose por los tres Órganos de Estado y demás instituciones estatales, poniendo de manifiesto el desinterés para atender las recomendaciones dadas por el Comité en sus Observaciones Finales con base en el contenido de la Convención.
En ese sentido, la Procuradora reiteró el llamado “a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, particularmente a quiénes integrarán en días próximos la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, acelerar el proceso de análisis y consulta del anteproyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, sin menoscabo de su contenido que es acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sin omitir la debida consulta con el sector de personas con discapacidad y las instituciones vinculadas”.
Así también, a las autoridades del Órgano Ejecutivo y del Órgano Judicial, a dar cumplimiento efectivo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluir en sus políticas, programas, planes y acciones el tema de discapacidad como eje transversal; además, disponer de los recursos necesarios para su implementación, de tal manera cumplir con las obligaciones para el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Finalmente, la Defensora del Pueblo realizó la entrega a las diputadas Karina Sosa y Eileen Romero del Pronunciamiento emitido este día y la documentación que se ha trabajado con la Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad, para que se analice y se apruebe la Ley de Inclusión Personas con Discapacidad.
