- Entre el 2016 y los primeros cinco meses del 2017, el CONADEH registró cerca de 900casos de personas y familias, de diversos sectores del país, que se vieron en la obligación de salir de sus hogares por causas que van desde amenazas a muerte, extorsiones y el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, por parte del crimen organizado.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, destacó hoy la importancia de visibilizar, a nivel de América Latina, que el desplazamiento forzado de personas, es un problema grave que amerita mayor atención de parte de los Estados para prevenir las causas que motivan ese flagelo.
Indicó que con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se creó, en el CONADEH, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno como una dependencia de la Defensoría Nacional de Protección de las Personas Migrantes para visibilizar un fenómeno desconocido por la sociedad y por el Estado en su conjunto.
Explicó que los desplazamientos forzados internos de personas causan fragmentación en las familias, dolor humano y tanta afectación al desarrollo sostenible y a la seguridad dentro del país.
“El desplazamiento forzado interno implica que la responsabilidad que tiene el Estado de protección no está dando los resultados adecuados necesarios para hacer respetar el derecho de cada persona a estar en el lugar donde necesita vivir, donde necesita trabajar y a donde toma sus decisiones de vivir con su familia”
En su criterio, la protección necesita ser fortalecida pero, sobre todo, prevenir las causas que están motivando esos desplazamientos forzados.
Recordó que en la reunión que sostuvo, recientemente, en Colombia, hizo del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las causas, los efectos y las repercusiones que este problema va a tener sobre el desarrollo sostenible.
Agregó que lo importante es hacer visible, en América Latina, una situación que está afectando a personas y familias enteras, con el propósito de empezar a poner en práctica medidas urgentes y necesarias que permitan prevenir que se reproduzca este fenómeno o para buscarle soluciones duraderas al mismo.
El ombudsman hondureño espera que la CIDH tenga ahora elementos mucho más amplios para ponderar el fenómeno en toda América Latina y sus consecuencias.
Además, que pueda formular recomendaciones, sobre este tema, para todos los gobiernos y todas las instituciones involucradas.
Advirtió que un desplazamiento interno que no es debidamente prevenido o protegido se torna, al final, en una migración forzada.
El Defensor del Pueblo espera que, en el menor tiempo posible, en cada uno de los países que tienen este problema, se establezcan estrategias de seguridad humana para el desarrollo sostenible.
También se pongan en práctica formas de prevenir y atender el desplazamiento interno, de tal manera, que la persona vuelva a adquirir confianza en su vida en sociedad y no tenga que desplazarse internamente de esa manera forzosa como lo está haciendo.
Un estudio de caracterización de desplazamiento Interno en Honduras, estima que, entre los años 2004 al 2014, el número de personas desplazadas internas en 20 municipios, pertenecientes a 11 departamentos, fue estimado en 174,000 personas, equivalente a cerca de 41,000 hogares.
Se estima que hasta el 2016, unos 45,710 hondureños huyeron del país en busca de protección internacional, de los cuales, alrededor de 10,507 estarían en condición de refugiados, en su mayoría, en países como Estados Unidos, España, Canadá, México y Costa Rica, mientras que más de 35,200 están a la espera que les confirmen su estatus de refugiados.
Entre el 2016 y los primeros cinco meses del 2017, el CONADEH registró cerca de 900 casos de personas y familias, de diversos sectores del país, que se vieron en la obligación de salir de sus hogares por causas que van desde amenazas a muerte, extorsiones y el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, por parte del crimen organizado.
Entre las víctimas figuran, por su orden, amas de casa, comerciantes, maestros de educación, estudiantes, agricultores y en menor medida, abogados, policías, transportistas, vendedores, mecánicos, operarios de maquila y periodistas.