Ante la reciente presentación del proyecto de ley denominado “Ley Integral de Agua” en la Asamblea Legislativa, el cual fue acuerpado por un grupo de parlamentarios y parlamentarias, considero oportuno reafirmar mi postura como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, en relación al esencial tema de la regulación apropiada de los recursos hídricos en El Salvador.
La gestión adecuada del agua es una demanda prioritaria que la realidad impone al Estado salvadoreño, y respecto de la cual, no puede seguir sustrayéndose basado en la falta de consenso u otras razones que en modo alguno constituyen una respuesta coherente con su obligación de colocar en el centro de sus decisiones a la persona humana, tal como lo establece la Constitución de la República.
Es importante reafirmar la necesidad y la obligación que tiene la Asamblea Legislativa de lograr un acuerdo para la aprobación de una ley general de aguas que incluya los enfoques de derechos humanos, la protección de las cuencas, las prioridades en su uso y el establecimiento de una autoridad rectora de carácter público, que evite el uso abusivo o monopólico del agua y que fomente la participación y consulta ciudadana en la gestión del ese recurso natural.
En tal sentido la exigencia de aprobación con prontitud de este marco normativo, en modo alguno debe significar obviar un debate serio en el que sean escuchados los distintos sectores de la sociedad salvadoreña. Los señores Diputados y señoras Diputadas están en la obligación de realizar un análisis objetivo, desprovisto de condicionamientos ideológicos o intereses particulares de las propuestas presentadas, de tal manera que los principios que informan los derechos humanos al agua, al saneamiento y a un nivel de vida digno se vean notoriamente reflejados en ella.
Se recuerda además que han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han venido desde años atrás, de manera insistente, exigiendo la aprobación de una regulación legal apropiada en esta materia, de tal modo que la primera propuesta de ley que se presentara en sede legislativa tuvo su origen en la iniciativa de este sector, una lucha que ha sido considerada legítima y necesaria por esta Institución, por lo que se le ha brindado acompañamiento, el cual ratifico en esta ocasión.
Considero además, que a la hora de configurar el marco regulatorio, no debe dejarse de lado el análisis de los conflictos que actualmente se producen respecto a la gestión del agua, y que de alguna manera se vinculan con la falta de una regulación adecuada, en especial aquellos en los que tiene lugar entre comunidades y gobiernos municipales. En este sentido, debe evaluarse con mucha precisión la conveniencia de que el ente rector este compuesto por actores que tengan intereses de cualquier naturaleza, que no respondan a la visión del agua como un derecho fundamental y en tanto a la necesaria y adecuada priorización de la misma.
En consecuencia, en mi carácter de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y en base a las facultades que me confiere la Constitución de la Republica, hago un llamado: a las Diputadas y Diputados de la Honorable Asamblea Legislativa a que retomen el estudio y análisis de las propuestas para la aprobación de una ley general de aguas, y en dicho proceso, que tomen en consideración a los distintos sectores representativos de la sociedad salvadoreña, particularmente a la sociedad civil, a que prioricen un enfoque de derechos humanos, atendiendo a la consideración del agua como bien prioritariamente de consumo humano, cuya garantía es una ineludible responsabilidad del Estado.
San Salvador, 16 de junio de 2017.