El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó hoy en la presentación del informe de los seis años de gestión, que de acuerdo a los resultados evidentes y reconocidos por la población y las entidades especializadas, se ha cumplido con el mandato y los objetivos institucionales, pero que las acciones desde el gobierno parecen mostrar una tendencia a la afectación de los derechos humanos y la generación de incertidumbre sobre las libertades ciudadanas.
“Los principios de justicia, igualdad, libertad, interculturalidad y dignidad, así como la situación de los derechos humanos en Bolivia, se ven afectados por una serie de factores como la desinstitucionalización del Estado, la corrupción y la violencia”, afirmó.
La autoridad que dejará el cargo el próximo viernes, señaló además que durante su mandato, la institución “mantuvo la independencia y la autonomía frente a las innumerables presiones y los ataques que, recibí de parte de personas y grupos en el ejercicio de un poder casi omnímodo, ante el que sucumbieron líderes, personas de bien, intelectuales y autoridades llamadas a defender al pueblo, y que frente a las amenazas, el temor o la prebenda, optaron por el silencio, la tibieza o la complicidad”.
Desafíos para los derechos humanos
Villena identificó la desinstitucionalización del Estado que está causando el agravamiento de la crisis judicial, el incremento de la corrupción y la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones fundamentales como una de las causas más importantes para el incumplimiento de los derechos humanos, pero también señaló la afectación de los derechos de los pueblos indígenas y la política extractivista en sus territorios.
Asimismo, se refirió a la creciente vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes que, además de la violencia sexual y comercial son víctimas de un sistema de justicia discriminador y revictimizador, la explotación infantil y la criminalización de la adolescencia.
“La violencia y la discriminación contra la mujer que mantiene intacto y aún fortalece el sistema patriarcal y machista es otro tema que debemos enfrentar”, señaló, además de mencionar a la violencia y los tratos degradantes e inhumanos en los recintos militares y policiales.
Mencionó a los derechos laborales y el acceso a la salud como desafíos urgentes. “La dimensión de la crisis del sistema judicial, así como la incapacidad para enfrentarlo desde el Estado, son realidades tan evidentes como funestas para los derechos humanos”, dijo
Resultados de la gestión
En el informe sobre los logros, resultados y avances institucionales en la gestión 2010 – 2016, el Defensor dijo que se registraron 92.214 casos, el 42% de las denuncias recibidas en los 18 años de vida institucional. “El incremento de denuncias se debió a una mayor confianza pública en la institución, la mayor conciencia ciudadana respecto a la exigibilidad de sus derechos y a la decisión de recibir casos fuera de nuestras oficinas”, indicó.
Por otro lado, en los cinco años, se concluyeron 57.925 casos, luego de la intervención defensorial. Del total de casos concluidos, se subsanaron 35.149, lo que representa el 60,68% en relación a los casos admitidos y/o gestionados.
En el tema de la niñez y adolescencia, destacó la salida de 694 menores de las cárceles en todo el país, que fueron trasladados a familias ampliadas o a casas de acogida y la creación de nueve Consejos Departamentales y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia por los derechos humanos. Estos Consejos han logrado resultados muy destacables como la incidencia para que se promulguen cinco leyes municipales y se elaboren cuatro proyectos de ley, además de planificar o apoyar la realización de 11 campañas, reuniones con Alcaldes, Gobernadores y Asambleas Departamentales, cuatro verificaciones defensoriales y el apoyo para la conformación de los Comités de la Niñez y Adolescencia en 9 municipios.
“Hemos posesionado a 168 estudiantes de 98 unidades educativas de Beni, Santa Cruz, La Paz y Oruro como Defensores del Estudiantes. Actualmente el resto de los departamentos trabaja en la implementación de este modelo que forma parte del gobierno estudiantil”, indicó
En la defensa de los derechos de las mujeres, dijo que se ha logrado que en todo el país, se aprueben 16 normas que declaran alerta contra la violencia hacia las mujeres, tanto municipios de capitales como en departamentos, y se promovió el relanzamiento del “Observatorio para la Exigibilidad del Cumplimiento de Derechos de las Mujeres”.
En relación a las personas adultas mayores, se crearon 30 Centros de Orientación Sociolegal para las Personas Adultas Mayores en igual número de municipios. En el ámbito de la salud se abrieron 15 oficinas del Defensor del Paciente en todos los departamentos del país.
En el tema de la trata y tráfico de personas se impulsó la creación de la Redes interinstitucionales y Consejos Departamentales en todos los departamentos del país, pero además desde el Consejo Andino de Defensores del Pueblo se creó la Red regional contra este flagelo y se realizó el primer diagnóstico en el área.
Dentro del programa de derechos de los pueblos indígenas destacó el apoyo militante a la reivindicación de los pueblos indígenas del TIPNIS y la apertura de una oficina defensorial en la zona. Además se refirió a la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra los Decretos 2195 y 2298 por afectar el derecho a la consulta y contra el DS 2366 por atentar contra el derecho a la libre autodeterminación, el territorio y el medio ambiente.
También destacó el aporte a la formación de 48 líderes y lideresas de los pueblos Esse Ejja, Tacana, Cavineño, Yaminahua y Machineri en Pando y Riberalta y suscribimos acuerdos con la dos Universidad Indígenas en el Chaco y el Chapare.
En la legislación constitucional, dijo que se logró que 25 acciones de amparo constitucional resulten procedentes y que el Tribunal Constitucional dicte sentencia favorable a diez acciones de inconstitucionalidad que modificaron leyes y decretos que afectaban derechos humanos.
Durante la gestión se realizaron en todo el país, 4.345 eventos educativos, la mayor cantidad en toda la historia institucional y de 1.459 eventos de movilización pública en todo el país, con una participación de más de 500.000 personas.
Se produjeron seis programas de televisión y 15 programas de radio de distinta duración y frecuencia como medio para difusión de los derechos humanos, y se realizaron 13 documentales con los pueblos tacana, guaraníes ese ejja, lecos, urus, yukí, etc
“Hemos desarrollado la única página web en el Estado que incluye información en cuatro idiomas del Estado Plurinacional y que además nos sirve para recibir casos que luego son gestionados por nuestras oficinas departamentales”, informó.
En el tema de gestión de conflictos, dijo que desde el año 2011, se registraron 1.763 conflictos, de los cuales la Defensoría intervino en 811 casos. “La Defensoría ha logrado convertirse en la principal institución recurrida como referente de la articulación del dialogo en el país, reconocida tanto por las autoridades como por la ciudadanía”, señaló.
Asimismo informó sobre las visitas a las y los migrantes bolivianos en Argentina, Brasil y España y, en el marco de la nueva política institucional, dijo que se suscribieron convenios con 16 defensorías del pueblo para la defensa mutua de los derechos de migrantes.
En relación a la gestión económica y financiera, informó que se harecibido el apoyo de países como Suecia, Suiza, Bélgica y otros donantes para cubrir el 50% del presupuesto estimado cada año en 39 millones de Bolivianos. “Actualmente está en trámite ante el Ministerio de Planificación, la inscripción de un acuerdo por el cual, gracias al apoyo de Suecia, se garantizan los recursos para la presente gestión y los primeros meses del año 2017”, indicó.
Durante la gestión que concluye, la ejecución física alcanzó un promedio de 85%. En cuanto a la ejecución financiera ésta alcanza a 92%, lo que coloca a la Defensoría del Pueblo entre las instituciones del Estado Plurinacional más eficientes y eficaces en la gestión de sus recursos.
En referencia al personal de la institución, dijo que actualmente se tiene 245 servidores y servidoras, de las cuales el 46.5%% son consultores de línea y el 53.5% servidores de planta. De los 245 servidores y servidoras, el 56% son mujeres y 42% son hombres. De las nueve Representaciones Departamentales, seis son mujeres. El 4% de nuestros recursos humanos son personas con discapacidad y 6% son adultos o adultas mayores.
Asimismo dijo que durante la gestión la institución fue sometida a 63 informes de auditorías, entre ellos 12 de confiabilidad y 30 auditorías especiales. Actualmente se ha implementado el Sistema de Gestión de Calidad y se gestiona la obtención del ISO 9001 en el área de atención de denuncias.
Finalmente dijo que desde 2013 la Defensoría fue certificada con la Clase “A” otorgada por Naciones Unidas a las Defensorías del Pueblo por el cumplimiento de los Principios de París.
Estudios especializados como el que realizó la Asociación Boliviana de Ciencia Política y la Fundación Konrad Adenauer, así como el Proyecto de Opinión Pública de América Latina y la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, colocan a la institución como la que genera el más alto nivel de confianza en la opinión pública boliviana, entre las instituciones de garantías de derechos humanos. Diversas encuestas muestran que la institución tiene actualmente un porcentaje de aprobación y credibilidad superior al 60%.
Sobre los desafíos institucionales dijo que es necesario mantener su independencia y trabajar en su crecimiento y sostenibilidad.
Es necesario, dijo ampliar la presencia física de la Defensoría del Pueblo en una mayor cantidad de ciudades, especialmente aquellas de mayor densidad poblacional o las que reportan situaciones que afectan el cumplimiento de los derechos humanos y se debe trabajar en mecanismos jurídicos para garantizar que las instituciones del Estado que son demandadas, requeridas o denunciadas por la Defensoría del Pueblo, respondan y cumplan las recomendaciones que ésta realiza en cumplimiento de su mandato.
“Pero sobre todo, es fundamental que se garantice la independencia institucional de toda injerencia política partidista o de cualquier interés ajeno a los derechos humanos. Hacemos votos para que en la elección del nuevo Defensor o Defensora prime la responsabilidad y la cordura, por encima de los intereses y las ambiciones personales de quienes están ejerciendo el poder”, afirmó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia