La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 18/2015 dirigida al Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y a los integrantes del Ayuntamiento de Arriaga, por violaciones a la libertad personal, a la defensa, a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno, cometidas por servidores públicos municipales y de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa en agravio de dos defensores de derechos humanos.
Por ello, la CNDH pide a las autoridades estatales y municipales implementar lineamientos y acciones para que los servidores públicos de ambas instancias respeten el trabajo que llevan a cabo los defensores civiles de derechos humanos en el Estado, brindando en todo momento las garantías para el ejercicio libre de su actividad y de sus derechos fundamentales.
También les solicita reparar el daño a las víctimas; organizar cursos sobre capacitación y formación en materia de protección a los defensores de derechos humanos, así como colaborar con la CNDH
en la presentación y seguimiento de las denuncias que formule ante los órganos correspondientes contra servidores públicos involucrados.
El 5 de agosto de 2013, defensores civiles de derechos humanos integrantes de un organismo no gubernamental presentaron queja ante el entonces Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (actualmente Comisión Estatal), en la que hicieron valer violaciones a derechos humanos, sin embargo, debido a que a su juicio, dicho organismo local incurrió en dilación para atender su caso, promovieron ante esta Comisión Nacional Recurso de Queja. Derivado de esto se emitió acuerdo para su atracción, con el fin de proceder a la investigación y resolución de la misma.
Los agraviados argumentaron que el 2 de agosto de 2013 se trasladaron a la Presidencia Municipal de Arriaga, Chiapas, acompañando a un grupo de habitantes de esa localidad, a recibir la
respuesta ofrecida por la autoridad competente respecto de la solución de los problemas que afectaban a esa comunidad.
Momentos después acudió al lugar un servidor público municipal, reprendiendo verbalmente a los solicitantes, insultando e intimidando a los defensores de derechos humanos, quienes fueron detenidos sin mandamiento escrito de la autoridad competente, inmovilizados de las manos y retirados del lugar a empujones por elementos policiales.
En la cárcel municipal los mantuvieron privados de su libertad e incomunicados, toda vez que las autoridades municipales presentaron denuncia de hechos en su contra ante la autoridad ministerial, por amenazas y lesiones en agravio de un servidor público y daños a las instalaciones del Ayuntamiento, iniciándose la averiguación previa correspondiente, en la cual el Representante Social negó fijarles una garantía para obtener su libertad y ratificar al defensor que habían designado.
Esta recomendación, que ya fue debidamente notificada al Gobierno del Estado de Chiapas y a los integrantes del Ayuntamiento de Arriaga, puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx
FUENTE: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México