Ante la información periodística de que 3273 niños y niñas estarían participando en diferentes ensayos clínicos, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, solicitó al Ministro de Salud, Aníbal Velásquez, iniciar una investigación de oficio y sumaria en salvaguarda de los derechos de los menores de edad involucrados en este delicado hecho.
Tras expresar su preocupación por esta problemática, recordó que cualquier medida -pública o privada- que pueda afectar a esta población de especial protección constitucional debe considerar necesariamente el principio del interés superior contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño/a.
“Los Principios de la Declaración de Helsinki establecen que la investigación médica en población vulnerable (como la niñez), sólo se justifica si responde a sus necesidades y prioridades de salud, y si existen posibilidades razonables del beneficio de sus resultados”, subrayó Vega Luna.
Como se recuerda, según un medio local dichos ensayos clínicos se estarían practicando en menores de edad sanos –cuyos riesgos podrían ser mayores a los beneficios- y que, a manera de compensación, los padres de familia o representantes legales habrían recibido canastas de víveres que podrían condicionar su consentimiento informado e incluso el asentimiento de los propios niños y niñas.
El funcionario sostuvo también que llama la atención que algunos ensayos estarían a cargo de profesionales de la salud sancionados por actuaciones irregulares, lo que podría representar un riesgo para los menores de edad sometidos a ellos. En ese sentido, insistió en que se investiguen los hechos, pese al comunicado emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS) en el que resalta su labor de fiscalización sobre este tema.
Finalmente, señaló que si bien el Ministerio de Salud anunció en el 2013 la actualización del Reglamento de Ensayos Clínicos vigente, esto no se ha producido hasta la fecha. Sin embargo, saludó el anuncio de la pre-publicación del mencionado Proyecto de Reglamento y pidió fijar un plazo para que, una vez incorporados los aportes pertinentes, se proceda a su aprobación.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Perú