El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, convocó a la sociedad civil a trabajar conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de encontrar solución a los grandes problemas nacionales, incluidos los temas de seguridad y justicia, de lucha contra la impunidad y la vigencia del Estado de derecho.
«La seguridad de las personas, la paz social y la justicia son los elementos esenciales de una vida en sociedad pacífica, productiva y solidaria; si no resolvemos los problemas apremiantes de nuestro presente no tendremos las condiciones necesarias para planear o concretar acciones que busquen
nuestra prosperidad en el futuro. El reconocimiento pleno de la dignidad humana excluye odios, creencias, venganzas e intereses particulares, nuestras metas deben ser más altas y sólo llegaremos al respeto a la dignidad humana mediante la paz, la cultura y la justicia. Nuestra conciencia y México nos lo demandan», afirmó.
Al inaugurar el Foro «Comisiones de Verdad y Justicia: Lecciones Aprendidas para México Post-Ayotzinapa», y frente a dirigentes de organismos no gubernamental, académicos y defensores de los
derechos humanos, sostuvo que el trabajo y la participación activa de la sociedad civil, con su representatividad, sensibilidad ante nuestra realidad inmediata, convicción y perseverancia, está llamado a ser el complemento indispensable y necesario de cualquier acción efectiva que se quiera emprender para mejorarnuestras condiciones de vida.
Aseguró que la violencia, inseguridad e impunidad lacerantes vividas en los últimos años han generado en la sociedad desconfianza hacia las instituciones, una noción débil de justicia y, lo que es más grave, un amplio margen de tolerancia e indiferencia hacía crímenes y situaciones sumamente graves. Por ello, para la atención de estos y otros hechos, los invitó a explorar mecanismos o formas de colaboración entre la sociedad civil y este Organismo público autónomo.
En el Aula Magna del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, González Pérez ponderó que sólo el conocimiento de la realidad objetiva nos puede llevar a la verdad, y que visibilizando el dolor y sufrimiento de las víctimas, la sociedad puede adquirir verdadera conciencia de los hechos que la agravian, pero también reconoció que materializar una comisión de la verdad llevaría implícita una serie de aristas o ángulos problemáticos que deberán analizarse.
Enumeró dificultades y obstáculos, tales como la revisión de las condiciones que se requerirían para que pudiera operar y realizar sus investigaciones, la dinámica o esquema bajo las cual se seleccionaría a sus miembros, así como la forma de coordinar su trabajo con el de las demás instancias que legalmente conocen de los hechos.
Pidió a los concurrentes considerar darle una oportunidad a la Comisión Nacional y la acompañen en su trabajo. De esta manera, dijo, la institución se verá fortalecida y complementada con el acompañamiento de la sociedad civil, el cual es indispensable para que se legitime y adquiera la confianza de la sociedad en sus actuaciones.
Planteó la necesidad de abrir un debate serio e informado sobre las causas y el contexto en que se han presentado estos hechos y qué los han propiciado. «El que se aclare o atienda un caso, añadió, no previene o garantiza que se puedan presentar hechos de similares o peores características en el futuro».
Para ello, señaló, es necesario tomar la decisión de atender y superar los rezagos, problemas y desigualdades que se han exacerbado en los últimos años. Hay que enfrentar y entender nuestra realidad; es necesario un esfuerzo y compromiso nacional para materializar un estado en el que las leyes se aplican y se respeten, los derechos sean vigentes y se reduzcan las desigualdades.
Estuvieron presentes, entre otros, María Elena Morera Mistre, México Unido Contra la Delincuencia; Pilar Noriega, de la Comisión de Verdad Guerrero; José Guevara, de la Comisión Nacional de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CNDPDH); Tatiana Rincón, Eduardo González, Javier Treviño y Luis González Plascencia, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México