La recomendación central del CONADEH es que se incluya la protección y respeto de la dignidad humana de los habitantes como principio o base fundamental del Código Penal y se establezca taxativamente el delito y las penas de quienes no actúen en consonancia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, recomendó hoy al Congreso Nacional, postergar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal para asegurar mayor participación ciudadana y compatibilidad con los parámetros internacionales de derechos humanos.
Según el Defensor del Pueblo, es necesario humanizar y democratizar el sistema penal, en su conjunto, con un solo enfoque histórico, político y cultural que responda congruentemente a las necesidades de paz, justicia y tolerancia en la convivencia social, para la seguridad humana y el desarrollo sostenible del pueblo hondureño.
Explicó que ese es un requerimiento para legitimar la adecuación más apropiada y constitucional del funcionamiento de la institucionalidad del Estado Democrático de Derecho con respecto a su obligación y responsabilidad de asegurar que, todas las instituciones y servidores públicos, cumplan sus atribuciones y funciones de proteger y respetar la dignidad humana de los habitantes.
Lo que se busca, según el titular del CONADEH, es prevenir o evitar ser inducidos a la elaboración, aplicación o interpretación de un Código Penal y su complementario Código Procesal Penal, de manera eminentemente represiva, discrecional y sin límites, posibilitando la vulneración de los derechos humanos y libertades fundamentales de los habitantes.
En el documento, el Ombudsman hondureño recomendó al Poder Legislativo entre otras recomendaciones y sugerencias, reconocer un trato especial a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, en su acceso a la justicia.
Además, que se proteja el derecho a la libertad y a la honra o imagen de todas las personas, sin excepción alguna y que se asegure la plena eficacia del principio de presunción de inocencia y, salvo las excepciones autorizadas por los parámetros de derechos humanos, evitar medidas de prisión preventiva que equivalen a penas anticipadas.
Otra de las recomendaciones del Defensor del Pueblo es que se regule la reparación del daño experimentado por las víctimas o sus familiares.
También, establecer expresamente que, en toda pena, además del trato humano correspondiente a los privados de libertad, se incluyan las facilidades de reeducación y reinserción social, y la obligatoriedad de esa inclusión y ejecución oportuna, por las autoridades concernidas.
“El nuevo Código Penal debe contener elementos suficientes que reflejen respuestas adecuadas a la necesidad de justicia penal, por parte de la sociedad, como factor trascendente en la consolidación y fortalecimiento del Estado democrático y social de Derecho”, precisó.
Agregó que, en un Estado Democrático y Social de Derecho, como lo es formalmente Honduras, la labor de legitimación funcional progresiva, en democracia, la tienen todos los poderes del Estado y otras instituciones públicas, en sus correspondientes actuaciones y en sus diferentes pero complementarias funciones en la creación, vigencia y aplicación de las leyes.
“Por ello, nuestra recomendación central es que se incluya la protección y respeto de la dignidad humana de los habitantes como principio o base fundamental del Código Penal y del Procesal Penal, y la obligación inexcusable de actuar y comportarse conforme a dicho principio, estableciendo taxativamente el delito y las penas de quienes no actúen en consonancia”.
Vista la trascendencia e importancia del nuevo Código Penal, es indispensable ampliar el período de la entrada en vigencia, al tiempo que fuese suficiente para dialogar con los sectores sociales que han ejercido su derecho de petición, indicó.
Agregó que organizaciones de sociedad civil y del sector empresa privada han planteado observaciones y sugerencias de reformas que, en democracia, deben ser examinadas y dialogadas, para aumentar la confianza del pueblo en sus autoridades y en el ordenamiento de las relaciones entre la sociedad y el Estado.
Finalmente señala que las recomendaciones, así como las observaciones y sugerencias planteadas a ese Poder del Estado, tienen por objetivo coadyuvar con los esfuerzos y aportes de otros sectores de la sociedad hondureña, a la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal que satisfaga las necesidades de justicia penal, en el país, respetando los lineamientos básicos del Estado democrático y social de Derecho.
El 10 de mayo de 2019 se publicó, en el Diario Oficial La Gaceta, el Decreto 130-2017 contentivo de un nuevo Código Penal, en el que se establece que entrará en vigencia seis meses después de su publicación, es decir, el 10 de noviembre del presente año.