Diálogo reunió a representantes de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones internacionales y los sectores público y empresarial de varios países.
Las directrices de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible guiaron las discusiones de la «IV Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe», que se llevó a cabo del 3 al 4 de septiembre de 2019 en Santiago, Chile. con la participación de la Fiscalía Federal de Derechos de los Ciudadanos (PFDC).
Promovida por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR), la reunión tuvo lugar en la sede de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
El diálogo reunió a representantes de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, organismos internacionales como ACNUR, CEPAL, la Unión Europea y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, así como representantes del sector público y empresarial. En ese momento, la Oficina del Abogado de los Derechos de los Ciudadanos estaba representada por el abogado regional sustituto de los Derechos de los Ciudadanos en Minas Gerais, Edmundo Dias, quien forma parte del Grupo Temático de la Federación Iberoamericana de Defensor del Pueblo (FIO) y el Grupo de Trabajo del PFDC sobre el mismo tema.
Durante la Consulta, Edmundo Dias se unió a un panel sobre acceso a la reparación de daños causados por actividades comerciales. El representante de PFDC compartió la experiencia del Ministerio Público Federal ante dos episodios graves en el contexto de desastres socioambientales causados por la actividad minera en Brasil: la ruptura de la presa Fundão en 2015 en la cuenca del río Doce (MG), y que se hizo conocido como el desastre de Samarco; y el Desastre de Vale que ocurrió en enero de este año, en el municipio de Brumadinho (MG), cuando la ruptura de la presa en la Mina Córrego do Bean victimizó a cientos de personas y dejó a innumerables personas desaparecidas.
El representante de la Fiscalía subrayó las medidas judiciales y extrajudiciales adoptadas por el Ministerio Público Federal para garantizar la reparación integral y la participación de los afectados.
Edmundo Dias recordó que durante el proceso de reparación del daño provocado por el desastre de la ruptura de la presa Fundão, los Ministerios Federal y Estatal y los Defensores Públicos comenzaron a actuar conjuntamente, y que esta experiencia de acción interinstitucional se utilizó desde el comienzo de la actuando en el caso del desastre de Vale en la mina Córrego do Feijão.
“El caso de Brumadinho demuestra que la existencia de algunos parámetros establecidos en el doloroso proceso de socorro en casos de desastre en la cuenca del río Doce fue muy importante para proporcionar criterios, como reconocer el derecho de los afectados a recibir asesoramiento técnico independiente de su propia elección. . Fueron estos parámetros los que, desde el principio, guiaron las acciones de las instituciones que actúan conjuntamente en el proceso de reparación del desastre de Vale en la mina Córrego do Feijão, buscando una reparación más rápida y efectiva. Por lo tanto, resulta que es esencial construir un marco regulatorio vinculante sobre los derechos de las personas afectadas por desastres y grandes empresas, ubicándolas en el centro del proceso de reparación ”, dijo Edmundo Dias.
Carta del afectado
Al cierre de la IV Consulta Regional, cuando se abrió el piso a representantes de instituciones nacionales de derechos humanos, el representante de PFDC reiteró que los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, debido a su carácter de ley blanda , eran insuficientes en una realidad de enorme desigualdad social como Brasil, habiendo citado como ejemplos, a este respecto, los procesos de reparación de los desastres de Mariana y Brumadinho, en los que el afectado afecta, en una gran asimetría, a las dos compañías mineras más grandes del mundo.
Al respecto, destacó la importancia de ratificar en el país el Acuerdo Regional de Escazú, adoptado en marzo de 2018, en Costa Rica, y firmado por Brasil en septiembre del año pasado. El documento aborda los derechos de acceso a la justicia, la información y la participación, que son esenciales para la reparación efectiva y democrática de desastres como la compañía de Vale en la mina Córrego do Bijão y la ruptura de la presa Fundão.
En la ocasión, el representante de PFDC cedió la palabra a Marina Oliveira, afectada por el desastre de Vale en la mina Feijáo Stream, quien leyó la «Carta de las personas afectadas por los crímenes de Vale a la sociedad brasileña».
Grupo temático de la FIO
Además de la «IV Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos», la Fiscalía Federal de Derechos de los Ciudadanos también participó en los debates celebrados en el «Taller del Grupo Temático FIO sobre Minería y Derechos Humanos y Empresas», el 2 y 3 de septiembre, también en la sede de la CEPAL.
La sesión tuvo como objetivo discutir la inclusión de la perspectiva de los derechos humanos en los estudios sobre el impacto ambiental generado por las grandes empresas comerciales, con recomendaciones para fortalecer la gestión y prevención ambiental.
La actividad reunió a representantes de instituciones del defensor del pueblo de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú, que forman parte del grupo temático FIO, también compuesto por Paraguay y Portugal. Representantes de la CEPAL, el ACNUR, el proyecto Minsus, la GIZ (Cooperación Alemana) y el Instituto Danés de Derechos Humanos también asistieron a la reunión.