La CREE debe fijar tarifas equitativas, accesibles, propias de un servicio público que responde a un derecho de los habitantes, que debe supervisar constantemente el accionar de la ENEE y de la Empres Energía Honduras (EEH) incluyendo la empresa Manitoba.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, afirmó hoy que ningún poder del Estado debe eludir el cumplimiento de su responsabilidad de proteger y garantizar el derecho humano de acceso a la energía eléctrica que tiene la población.
“Lo importante es que el Estado hondureño asegure, a todos los habitantes, el goce del derecho de acceso al servicio público de energía eléctrica y promueva la equidad en la fijación de la tarifa y la transparencia en el cobro a los usuarios”, declaró.
Señaló que la situación del acceso de la población a este servicio público no ha mejorado de manera significativa, en los últimos años, pese a las acciones implementadas por la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE).
Precisó que la CREE debe fijar tarifas equitativas, accesibles, propias de un servicio público que responde a un derecho de los habitantes, que debe supervisar constantemente el accionar de la ENEE y de la Empres Energía Honduras (EEH) incluyendo la empresa Manitoba.
Solo en el 2018, el CONADEH atendió más de medio centenar de denuncias por supuestas violaciones o faltas en relación con el acceso de las personas a la energía eléctrica como un servicio público.
Las denuncias más frecuentes están relacionadas con cobros indebidos y la negación al derecho a la energía eléctrica por parte de la institución encargada de proveer el servicio.
Desde el 2016, el CONADEH, sobre la base de denuncias atendidas y tomando acción de oficio, sostuvo reuniones con representantes de la CREE y se ha dirigido al pueblo hondureño sobre este tema de interés nacional y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes, formulando recomendaciones al Estado y la sociedad.
El propósito es verificar y asegurar que el enfoque de derechos humanos oriente la aplicación de la Ley, la elaboración de sus reglamentos y, sobre todo, la elaboración de la Política Pública del Sector Energético, explicó Herrera Cáceres.
Hasta ahora ha sido evidente el malestar de la población debido al aumento del valor del servicio, por los cortes de energía prolongados, la falta de respuesta en la atención de denuncias, cobros indebidos y fallas eléctricas, entre otras.
El CONADEH ha recomendado la instalación de una plataforma oficial, de atención a quejas, con procedimientos expeditos.
Además, que la empresa que proporciona el servicio asuma la responsabilidad de los daños que le sean imputables y se están causando y realice las correspondientes indemnizaciones, no sólo a los hogares, sino que también a las comunidades en materia de alumbrado público y de servicios prioritarios como la educación, la salud, la recreación y de una serie de necesidades que implican derechos humanos.
Proveer energía eléctrica a los habitantes es una responsabilidad del Estado, porque es un derecho humano que se le debe garantizar a la población, por medio de un servicio público continuo, disponible, accesible, asequible y de calidad, sin exclusión alguna.