La Defensoría del Pueblo expresó hoy su preocupación por el dictamen aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República que pretende incorporar el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas en el Código Penal.
La mencionada Comisión plantea la exigencia de un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como requisito de procedencia para el inicio a la investigación fiscal. Asimismo, contempló que los actos de conversión y transferencia de los recursos de procedencia ilícita sean considerados como agravante del referido delito.
Para la Defensoría del Pueblo una investigación de esa naturaleza debe ser realizada exclusivamente por el Ministerio Público y sin condiciones, pues ello atentaría con su autonomía y atribuciones constitucionales.
Por eso debemos precisar que las opiniones remitidas a la Comisión se centraron solo en los proyectos de ley y no en el dictamen. “Desde un inicio hemos insistido en que no puede requerirse un informe técnico como requisito de procedencia para que el Ministerio Público investigue un posible delito”, explicó el Adjunto en Asuntos Constitucionales (e) de la Defensoría del Pueblo, Abraham García.
Asimismo, señalamos que el agravante reconocido en el dictamen podría generar un conflicto interpretativo con el delito de lavado de activos, pues este delito también contempla los actos de conversión y transferencia.
Finalmente la Defensoría espera que la regulación del delito sea analizada y discutida ampliamente con el objetivo de fortalecer el marco normativo para la lucha eficaz contra la corrupción y evitar eventuales inconvenientes en su aplicación e interpretación.
Nota de Prensa N° 450/OCII/DP/2018