El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, expresó hoy su satisfacción por el anuncio hecho por el presidente de la República, Juan Orlando Hernandez, en el sentido de otorgar un bono que beneficiará, alrededor de 1.5 millones de familias, que consumen menos de 300 kilovatios horas al mes.
“Vemos con mucho interés la iniciativa de transformar el sistema eléctrico en función de darle su característica real de servicio público”, dijo el ombudsman hondureño.
Explicó que la energía eléctrica es un derecho humano vinculado con el goce de otros derechos y que, por lo tanto, hay que tomar en consideración que el abastecimiento de energía eléctrica tiene que hacerse con ese enfoque y no verlo únicamente como una actividad mercantil generadora de lucro.
Agregó que es muy importante lo que se está haciendo, pero, esto tiene que ir acompañado de otros aspectos como el de un sistema de quejas efectivo, en el cual la población pueda tener acceso a hacer su denuncia y verificar que se le dé respuesta inmediata.
El ente estatal también se refirió a la suspensión inesperada de la energía que se hace en diversas zonas del país, acción que ocasiona daños a la economía familiar, en sus utensilios de cocina y no se les da una reparación y esto tiene que atenderse de manera inmediata.
Expresó que proveer energía eléctrica a los habitantes es un derecho humano que el Estado debe garantizar a la población, por medio de un servicio público continuo, disponible, accesible y de calidad, sin exclusión alguna.
“Es necesario posibilitar que ninguna persona quede excluida del abastecimiento y, en especial, que se asegure la inclusión de los sectores más desfavorecidos de la población”.
Se estima que la iniciativa gubernamental estaría beneficiando al 83% de los 1.8 millones de abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, es decir, 1.5 millones de familias.
Desde septiembre de 2016, el Defensor del Pueblo emitió una serie de recomendaciones a la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE), por considerar que ese servicio es un tema de interés nacional que impacta en el ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes.
Se estima que el 99.0% de las viviendas de la zona urbana tienen cobertura por el sistema público de electricidad, mientras que el 74.7% de las viviendas rurales cuenta con el mismo.
Según el CONADEH, todo bono, apoyo o subsidio debe ir encaminado a evitar la exclusión o discriminación en el goce del derecho humano a la energía eléctrica, de las personas en situación de pobreza o sectores en condiciones de vulnerabilidad.
Herrera Cáceres, reiteró que se debe asegurar siempre el goce del derecho humano a la energía y promover la transparencia en las tarifas para que todo se haga en beneficio equitativo de los habitantes, acorde con la realidad del consumo para evitar costos excesivos que afecten la economía de la población.
De igual manera, a la población en general, el CONADEH recomendó e hizo el llamado para constituir asociaciones de protección de los usuarios de la energía eléctrica que contribuyan a defender este derecho en cada comunidad.