El Defensor del Pueblo de Bolivia, junto a Domingos Savio Dresch da Silveira, Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano, Adjunto de Brasil informó a la conclusión de las jornadas de este 17 y 18 de septiembre de los corrientes, del Foro Regional “Desafíos en la protección de los derechos de la Población Venezolana en Movilidad Humana en Latinoamérica”, que el mismo concluyó con importantes conclusiones y recomendaciones para activarlas en los Estados, destinadas a la protección de los derechos de los migrantes, destacando que Venezuela y la región tienen una tradición de acogida e integración y que se apoyó por consenso el descartar una intervención militar en Venezuela.
Tezanos Pinto destacó que: “Una de las recomendaciones a los Estados respecto a Venezuela es textualmente la de “rechazar cualquier expresión de violencia, reafirmar el principio de no intervención armada y promover el diálogo entre los países”, y agregó que las instituciones de derechos humanos son guardianes de la paz, “como dice el slogan de la Defensoría del Pueblo de Colombia, “defender al pueblo es defender la paz””.
Las recomendaciones a los Estados de la región latinoamericana son las siguientes:
1.- Respetar las acciones que las instituciones nacionales de derechos humanos, en el marco de sus competencias, adopten para promover y proteger los derechos humanos de las personas venezolanas en movilidad humana en cada uno de los derechos y evitar su vulneración.
2.- Ajustar el diseño e implementación de su normativa interna y política migratoria a los compromisos adquiridos en los convenios y tratados ratificados en materia de movilidad humana ,asilo, refugio, apátrida, trata y tráfico de migrantes, así como los estándares internacionales de protección de derechos humanos .
3.- Diseñar e implementar políticas migratorias adecuadas a los contextos de la población venezolana que asegure su derecho a migrar con dignidad tanto en su origen, tránsito, destino y retorno. De igual manera, asegurar el acceso a formas de regularización accesibilidad y no incurrir en formas de control migratorio que criminalicen la migración y vulneren los derechos humanos. Facilitar los procesos de ingreso y regularización migratoria, adoptando políticas de reducción o exoneración de visado o multas, en casos de precariedad económica y situaciones de especiales necesidades de protección. Tomando en consideración las limitaciones existentes en país de origen, las dificultades de viaje y situaciones de pérdida, robo u otro, adoptar medidas de protección en casos de niños, niñas y adolescentes, en especial los no acompañados, que viajan sin documentos. Evitar la asociación del documento de identidad o de viaje con el paso judicial.
4.- Respetar los derechos de asilo y refugio asegurando que las personas venezolanas puedan acceder a procesos de determinación de la condición de refugiado que sean justos y eficaces, respetando los instrumentos internacionales, en particular la Convención de Ginebra de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984. Establecer garantías reforzadas para el respeto al principio de no devolución.
5.- Considerar la diversidad poblacional del flujo migratorio venezolano a fin de adoptar medidas de protección específicas dirigidas a niñas, niños, adolescentes, en particular los no acompañados, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, grupos étnicos u otros, que en contextos de movilidad pueden presentar condiciones de vulnerabilidad de derechos.
6.- Adoptar medidas eficaces para prevenir que las personas venezolanas en movilidad humana sean víctimas de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, hacer posible la identificación de posibles víctimas .Garantizar su protección y atención adecuadas. Evitar medidas restrictivas o de criminalización de la movilidad con fundamento en la prevención, investigación y sanción de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
7.- Implementar y apoyar acciones que promuevan la convivencia social y erradiquen toda forma de discriminación, en especial, aquella contra las personas venezolanas en movilidad humana,
8.- Diseñar e implementar políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos a la educación, salud, trabajo, y seguridad social en igualdad de condiciones entre nacionales y no nacionales, adoptando medidas para evitar toda forma de exclusión, restricción, explotación o abuso.
9.- Garantizar el acceso efectivo del derecho a la información tanto a la población en movilidad humana como a la población nacional con miras a propiciar procesos informados de tránsito y permanencia migratoria, reconocimiento de derechos , cumpliendo deberes ,empatía, solidaridad y convivencia armónica.
10.- Rechazar cualquier expresión de violencia, reafirmar el principio de no intervención armada y promover el diálogo entre los países para que en el marco del respeto de la democracia y los derechos humanos busquen soluciones pacíficas y estructurales que contribuyan a reducir los factores que causan la migración forzada en la región, y en particular desde Venezuela