El origen del 25 de noviembre en tanto fecha de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se remonta a 1960, año en el que las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en República Dominicana por su activismo político en oposición al gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
Las hermanas Mirabal, apodadas «Las Mariposas» por ser éste el nombre utilizado por Minerva en sus actividades políticas clandestinas en contra de la tiranía trujillista, se convirtieron en el máximo exponente de la violencia contra la mujer en América Latina.
El 25 de noviembre fue la fecha elegida por el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe -celebrado en Bogotá en el año 1981- para conmemorar sus vidas y promover el reconocimiento mundial de la violencia de género.
La comunidad internacional no había observado de manera explícita las alarmantes dimensiones de la violencia contra las mujeres a escala mundial hasta diciembre de 1993, fecha en que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Hasta ese entonces, la mayoría de los gobiernos consideraba a la violencia contra las mujeres como un asunto privado entre particulares y no como un problema generalizado que afecta y conculca gravemente los derechos humanos, y que requiere la intervención de los Estados como responsables de la protección, prevención, control, detección y sanción de toda forma de violencia por razones de género.
La violencia de género es un problema social de grandes dimensiones, producto de una organización estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones que responden a patrones sociales y culturales profundamente arraigados en la sociedad y que atraviesa -sin distinción- todos los niveles económicos, culturales y educativos.
Un sinfín de hechos de violencia no son comprendidos ni percibidos por gran parte de la sociedad, y es precisamente la propia estructura social la que proporciona legitimidad a esos actos, ya sean perpetrados en el seno familiar o en la comunidad. No obstante, en todas y cada una de sus múltiples formas, la violencia atenta contra la libertad y los derechos humanos, y provoca daños, sufrimiento y/o muerte en cada mujer que la padece.
Las principales manifestaciones de violencia contra la mujer son la lesiones personales, el homicidio, la violación, el abuso y acoso sexual, la trata de personas, la prostitución, el secuestro, la tortura y las diversas formas de discriminación; es decir, toda forma de exclusión o limitación contra la mujer por razón de género que afecta y menoscaba el reconocimiento y el ejercicio legítimo de sus derechos. La discriminación constituye un atentado al derecho a la igualdad que existe entre mujeres y hombres y un desconocimiento de la equiparación de los derechos políticos, civiles, económicos, culturales y jurídicos que existen entre ambos.
Un caso particularmente dramático de la violencia social lo constituye la violencia doméstica en sus diferentes expresiones (física, psicológica, sexual o económica), y pese a que es sabido que ésta sucede de manera habitual, no se la menciona, dado que la sociedad no puede concebir al hogar como un espacio privado de afecto y amparo.
Estudios e investigaciones llevados a cabo por distintos organismos internacionales indican que las situaciones de violencia familiar se concentran en forma especial en las mujeres, y aportan datos recogidos a nivel mundial que reflejan que al menos una de cada diez mujeres es o ha sido agredida por su pareja.
Según la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio son asesinadas por sus maridos o parejas actuales o anteriores, porcentaje que en algunos países se eleva hasta el 70%.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo da cuenta que entre un 25% y más de un 50% de las mujeres latinoamericanas -dependiendo del país donde viven- sufre algún tipo de violencia en el hogar. Más aún, un estudio realizado por el Banco Mundial muestra que uno de cada cinco días activos que pierden las mujeres por problemas de salud resultan de las manifestaciones de la violencia doméstica.
La violencia de género también afecta directamente a las niñas: cada año, millones de ellas son mutiladas genitalmente, además de ser víctimas de selección del sexo, abortos forzados e infanticidio.
Una de las violaciones de derechos humanos más grave es la trata y el tráfico de mujeres y niñas, que está directamente relacionada con las desigualdades de género y las causas socioeconómicas, las políticas restrictivas a la inmigración y la pobreza.
Según la Organización Internacional del Trabajo, la trata con fines de explotación económica o sexual afecta alrededor de 2,5 millones de personas en el mundo cada año. La mayor proporción son mujeres que son explotadas sexualmente -85% según Naciones Unidas-, y de ese porcentaje, el 50% son menores de edad. Se registran además diversos tipos de explotación, tales como el trabajo doméstico, los matrimonios serviles y otras formas de esclavitud.
Por otra parte, el panorama es altamente preocupante en aquellos países afectados por situaciones de conflicto armado, dado que se comprobó que en esos contextos las mujeres, niñas y niños constituyen el mayor porcentaje de las víctimas, quienes frecuentemente se ven obligadas/os a desplazarse de sus territorios de origen, lo cual aumenta el riesgo de abusos y violencias.
A su vez, el acoso sexual en el trabajo es otra forma de violencia de género que implica una violación al derecho de trabajar en un ambiente digno y humano, que fortalece el estereotipo cultural del varón productor y de la mujer reproductora, reduciendo a la mujer a objeto sexual, negándole el derecho de actuar en espacios considerados masculinos y limitando su participación en el desarrollo y en su empoderamiento.
La magnitud del problema de la violencia de género no es conocido en toda su amplitud debido a la falta de estadísticas, el ocultamiento social, el sentimiento de culpa y el temor de las víctimas, aunque los estudios realizados indican que la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas es muy frecuente.
Algunos países sancionaron leyes contra la violencia de género, lo que significó un importante avance en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres y su efectivo ejercicio, y al reconocimiento por parte de los Estados para dar respuesta a las múltiples demandas de la sociedad y para su incorporación como política pública. Sólo la mitad de los 192 países miembros de Naciones Unidas cuentan con leyes para castigar la violencia doméstica, mientras que el número se reduce aún más cuando se trata de normas para combatir el acoso sexual o la trata.
Si bien las violaciones de derechos humanos afectan tanto a hombres como a mujeres, su impacto y su carácter cambian y asumen características diferenciales según el sexo de la víctima. La mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres y de las situaciones de discriminación y abuso de las que son objeto se deben exclusivamente a su condición de mujer. Los expertos de Naciones Unidas en la temática concluyen que toda persona puede ser víctima de actos de violencia, pero el sexo se convierte en uno de los factores que aumenta de modo significativo su vulnerabilidad.
Desde 1993 -año en que en la Conferencia Mundial de Viena los países reconocieron que los derechos de las mujeres son parte indivisible e inalienable de los derechos humanos universales- y hasta el día de hoy, se ha recorrido un largo camino; sin embargo, a pesar de los progresos a nivel de leyes y normas, todavía estamos lejos de haber alcanzado el reconocimiento de la igualdad real entre mujeres y varones.
La violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas de la discriminación que ha ido aumentando en todo el mundo, aún cuando en los últimos años existió una mayor difusión y análisis sobre el tema. Esta problemática nace de la estructura social y se reproduce en todos sus ámbitos, desde la propia familia hasta las prácticas institucionales, por lo cual su erradicación debería ser uno de los principales objetivos de los órganos internacionales y de los Gobiernos, quienes tendrán que redoblar sus esfuerzos para crear condiciones favorables que garanticen la integridad de las mujeres y niñas, y para la reafirmación de sus derechos en todos los ámbitos de la sociedad.
Contribuir decididamente en la consolidación de una cultura de igualdad de género nos permitirá avanzar en la construcción y consolidación de sociedades más justas e igualitarias para todos y todas.
Lic. Gabriela A. Moffson (gmoffson@defensoria.org,ar)
Coordinadora por la Región del Cono Sur
Red de Defensorias de Mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombudsman
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