En sus 16 años de trabajo, cumplidos en este mes, la Defensoría del Pueblo atendió más de 180 mil denuncias de violación de derechos humanos, de las cuales logró la subsanación o el cese de vulneración de un promedio de 40%, mientras que más del 50% fueron orientadas o gestionadas ante otras instancias estatales donde correspondía su atención; además llegó directamente a más de dos millones de personas a través de campañas de sensibilización y procesos de educación para promover los derechos humanos, según recordó su máxima autoridad Rolando Villena.
«Desde que INICIAMOS nuestro trabajo en octubre de 1998, hemos sido de alguna manera el referente más importante de la defensa de los derechos humanos en Bolivia, a través de la atención de casos, aporte para la creación de leyes y políticas públicas, atención de conflictos sociales y procesos de educación, y siempre hemos mantenido nuestros principios de servicio, independencia, transparencia y defensa de las personas, los grupos y las comunidades que no encuentran respuesta en las instituciones del Estado cuando sus derechos han sido vulnerados», sostuvo el Defensor.
De acuerdo a la autoridad, la institución intervino directamente en más del 30% de los conflictos de mayor gravedad surgidos en el país para evitar que se vulneren los derechos humanos e incluso en algunos casos, en calidad de mediador. Solo en la gestión 2013 intervino en más de 250, viabilizando espacios de diálogo y concertación. «Hemos incidido en la elaboración de una gran cantidad de leyes sobre derechos humanos, además se han desarrollado más de un centenar de estudios, investigaciones e informes sobre esta temática, muchas de ellos han sido referentes en la producción legal en el país».
La autoridad defensorial, al recordar los 16 años de TRABAJO , subrayó el aporte silencioso pero fundamental de todas las servidoras y servidores de la institución «que a lo largo de este tiempo han demostrado un compromiso de trabajo y servicio en favor de la ciudadanía, muchas veces en medio de grandes dificultades, sacrificios e incluso poniendo en riesgo su integridad», dijo.
Asimismo, agradeció el apoyo de las instituciones de Cooperación Internacional, especialmente de «Canasta de Fondos» compuesta por las agencias cooperantes de Suiza, Suecia, Dinamarca, Canadá, Bélgica y Holanda, pero también de otras entidades como las agencias de Naciones Unidas, Unión Europea, AECID, Visión Mundial, Save the Children, entre muchas otras «que nos apoyaron DESDE el principio y sin cuya participación no hubiéramos podido alcanzar los resultados que hoy podemos ofrecer al país como logros institucionales que han aportado no solamente a los derechos humanos sino en muchos casos a la propia democracia y la paz», sostuvo Villena.
También se refirió al aporte de organizaciones y movimientos sociales, instituciones estatales, autoridades nacionales, departamentales y municipales con quienes se ha trabajado en diversos proyectos e iniciativas exitosas que han redundado en mayores niveles de protección y prevención, pero también en atención y solución de casos que han sido gestionados con premura y eficiencia. «En todos estos años hemos encontrado muchas autoridades y FUNCIONARIOS PÚBLICOS reacios al respeto a los derechos humanos, pero debo decir que han sido más quienes han colaborado y han trabajado junto a nosotros para defenderlos y protegerlos», afirmó.
Desde 1998 a la FECHA , la Defensoría del Pueblo ha tenido tres autoridades, Ana María Romero de Campero, Waldo Albarracín y el actual Defensor Rolando Villena, aunque también dirigieron a su turno la institución dos autoridades designadas en suplencia legal, Carmen Beatriz Ruiz y Rielma Mencias.
La institución CUENTA con 19 oficinas en todo el país, nueve de ellas en capitales de departamento, además de ciudades como El Alto, Villa Tunari, Yacuiba, Puerto Suárez, Riberalta, Caranavi, Llallagua, Reyes y Monteagudo y recientemente inauguró una oficina itinerante en Gundonovia para atender la zona del TIPNIS.
«En este tiempo, muchas veces, hemos tenido que contradecir, enfrentar y cuestionar a las autoridades que ejercen el poder cuando sus decisiones y acciones vulneran los derechos humanos, y siempre lo hemos hecho para cumplir nuestro mandato constitucional y por la convicción que una Defensoría del Pueblo no solo tiene la facultad sino el deber de denunciar y reclamar el cumplimiento, la vigencia y el respeto de los derechos de las personas más allá de cualquier consideración o interés», sostuvo.
La Defensoría del Pueblo ha obtenido en dos oportunidades la clasificación de Clase A que las Naciones Unidas otorga a las entidades nacionales de derechos humanos que han cumplido lo estipulado en los Principios de París, referidos a la gestión, la autonomía y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, la institución ha sido considerada en varias oportunidades como una de las entidades que genera más confianza por la opinión pública, tanto en las ENCUESTAS de percepción ciudadana como por analistas y entidades especializadas.
En la actualidad es parte de organismos internacionales como la Federación Iberoamericana de Ombudsman de la cual el Defensor boliviano es su Vicepresidente; del Instituto Latinoamericano de Ombudsman y de la Asociación Interamericana de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
Refiriéndose a los desafíos por venir, Villena señaló que es fundamental asegurar la sostenibilidad económica, generar un trabajo más sostenido para que se respeten los derechos de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes y de las poblaciones vulnerables, además de abrir oficinas en más poblaciones del país, incidir en la normativa y las políticas locales y fortalecer la defensa de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia