En el marco del 20º aniversario de la creación de la figura del Defensor del Pueblo de la Nación, el Secretario General -a cargo de la Defensoría- CPN Carlos Haquim expuso en el Congreso de la Nación realizando un balance de lo hecho en estos años, la evaluación sobre el estado actual y su proyección, como las nuevas perspectivas que se propician para la Institución.
«Cuanto mayor sea la figura del Ombudsman en todo el territorio del país y, en tanto aúne esfuerzos en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, mayor será entonces su poder de persuasión, como su capacidad convictiva para modificar políticas públicas disfuncionales» destacó el Defensor nacional.
Del acto, denominado «Defensoría del Pueblo: La institución de los Derechos del ciudadano», participaron también la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto. El mismo fue organizado por el diputado Alberto Asseff.
Haquim recordó que cuando comenzó a funcionar la institución del Defensor del Pueblo en nuestro país urgía la existencia de un organismo que pudiese absorber todas aquellas situaciones en las que los ciudadanos se encontraban indefensos ante las disfuncionalidades de la Administración Pública y de las empresas que brindan servicios públicos, frente a los cuales toda queja o reclamo solía caer en saco roto» ya que «no existían otros organismos como «la Secretaría de Defensa del Consumidor y otras organizaciones de consumidores o usuarios con las que hoy cuenta la ciudadanía.
Prosiguió que «con el correr de los años y el fortalecimiento de la democracia no sólo en nuestro país sino en toda América Latina el rol del Defensor del Pueblo se fue afianzando hasta llegar a lo que es hoy: aquél que vela por el buen funcionamiento de la Administración Nacional, para que el hombre común no sufra las consecuencias de disfuncionalidades de ese gran aparato que es el Estado; y aquel que vela por ejercicio de los derechos más fundamentales de los hombres, mujeres y niños que habitan en nuestro país».
«Podríamos afirmar que la figura del Defensor del Pueblo está hoy mucho más instalada que en sus primeros años de vida. Esto se debe en gran parte al surgimiento de tantas Defensorías a lo largo y a lo ancho del país» «, expresó el funcionario.
En su alocución, el Defensor del Pueblo a cargo hizo hincapié en la necesidad de una actualización de la ley Nº 24.284 ya que han surgido múltiples trastornos en cuanto a la legitimación del Defensor para actuar judicialmente.
«En cuanto a la institución a nivel nacional, de cuya conducción -circunstancias por todos conocidas- me han puesto hoy al frente, puedo afirmar que en el transcurso de este año continúa funcionando con total normalidad. Prueba de ello son las 27 exhortaciones que se dictaron a distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales, para que adopten medidas en favor de los derechos individuales y colectivos; todas las consultas atendidas y a las que se ha dado curso, y el proseguir de todas las acciones judiciales ya iniciadas. Ello, sin contar los casos resueltos por la misma Administración ante el planteo o pedido formulado por la Institución, o debido a la labor personal de nuestros agentes», aseguró Haquim .
Asimismo consideró que debería ponderarse una actualización de la ley, incorporando la actuación con beneficio para litigar sin gastos pues, en caso de demandas que afecten a un colectivo amplio, el monto del litigio podría llegar a cifras elevadas y sus consecuentes costas que, de ser impuestas a la Institución, podrían poner el riesgo su patrimonio o su propio presupuesto.
«El Defensor ha sido creado para facilitar a la población la tutela y el normal ejercicio de sus derechos sin recurrir al largo proceso judicial, buscando un mecanismo informal, ágil y rápido, para lograr cambios en la Administración a través de la persuasión. Sin embargo, la ley exige que cada queja sea escrita y firmada por el interesado, con lo cual se pierde mucho de aquella informalidad buscada cuando transitamos una época signada por internet y el dinámico e-mail» evaluó el ombudsman.
Todo, más allá de ciertos baches con relación a determinados servicios, muchos de interés público como el caso de las garrafas de gas que una interpretación literal de la ley pondría fuera de nuestra competencia en perjuicio de los sectores más postergados de nuestra población; o sea, los que no cuentan con el servicio de una red de gas domiciliario y por ello deben pagar altos precios y soportar múltiples abusos. Y de otros servicios que por su masividad y necesidad hoy, no deben quedar al margen de la competencia de los Defensores como la telefonía celular, la transmisión de datos, cualquiera fuere el medio y la finalidad, la prestación del servicio de internet, televisión, etc. y hasta el transporte aéreo, en un país de tan dilatada geografía.
«El avance de las tecnologías de la comunicación hace posible circunstancias y soluciones que ayer no eran factibles. Hoy debemos poner a las comunicaciones al servicio del pueblo para que, a través de de un trabajo conjunto y coordinado de todas las Defensorías, no haya en nuestro territorio, hombre, mujer o niño, -cualquiera sea su situación social, económica y cultural-, impedido de hacer oír su voz ante el Defensor del Pueblo para lograr la tutela de sus derechos, sea éste nacional, provincial o municipal» expresó.
«Veinte años después y como resultado del inmenso esfuerzo que hombres y mujeres de las provincias, los municipios, de la nación toda, que dejaron la huella de su labor en beneficio de los derechos esenciales del ciudadano, hoy es más vigente que nunca el funcionamiento de nuestra institución. Pero ese rol no debe limitarse a buen funcionamiento de la Administración o a la tutela del efectivo ejercicio y goce de los derechos. Debe, también, promover tales posibilidades. Mal se podrán ejercer derechos que se desconocen o sobre los cuales se posee un conocimiento vago o impreciso. Es menester, entonces, sumar esa tarea; la de promover ese conocimiento, como la posibilidad del real ejercicio de los derechos y de su goce», finalizó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina