Tras un año de visitas a los municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco, la Representación Departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz pudo evidenciar que sus pobladores están deseosos de participar en el proceso de elaboración de las cartas orgánicas municipales, norma institucional básica que cada municipio debe tener por mandato constitucional.
Sin embargo, esto aún no es posible debido a un cierto aletargamiento en las autoridades municipales que están más enfrascadas en sus pugnas internas, mientras los ciudadanos les exigen una mayor participación y transparencia en este proceso que debe ser democrático, transparente y participativo para que tenga la legitimidad y legalidad que exige la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías.
Representantes de la oficina defensorial cruceña, el 26 de abril estuvieron en Concepción donde se reunieron con el alcalde Carlos Guasase, concejales y miembros de instituciones y organizaciones sociales de este municipio. En el encuentro, se logró impulsar la redacción de una Ordenanza Municipal y su posterior Reglamento de Participación Ciudadana para la elaboración de este importante instrumento autonómico.
De igual manera, el 27 de abril, en el Coliseo de San Ignacio de Velasco, se congregó una buena cantidad de ciudadanos, representantes de instituciones, aunque sólo estuvo presente el vicepresidente del Concejo Municipal, Miguel Durex Antelo, quien informó sobre los avances que tiene este municipio que ya se encuentra en la fase preparación, pues ya tiene aprobada su Ordenanza Municipal y su presupuesto para talleres de capacitación y socialización.
Al finalizar el evento el representante del Comité de Vigilancia y los caciques de las organizaciones Indígenas de San Ignacio de Velasco, Lourdes Yopie Manaca y del Alto Paraguá, Maida Peña Justiniano, manifestaron que exigirán a las autoridades municipales mayor participación y transparencia en este proceso.
Uno de los mayores reclamos de los ciudadanos fue el referido a la seguridad ciudadana y el rol que deben desempeñar las autoridades. En este municipio, que tiene una población de alrededor 50.000 habitantes, existen 60 policías que deben atender todos los requerimientos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Bolivia