El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, al reconocer la efectividad de las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades en las elecciones presidenciales del 30 de mayo de 2010, que garantizó el normal desarrollo del proceso electoral, señala la necesidad de que las autoridades fortalezcan las medidas de seguridad para las elecciones del próximo domingo 20 de junio en los municipios identificados por el Sistema de Alerta Tempranas como de riesgo electoral y en los municipios en los que se intentó interferir el derecho de elegir por parte de los ciudadanos y ciudadanas.
En particular, el Defensor del Pueblo le solicita a la Fuerza Pública, a los cuerpos de seguridad del Estado, a la organización electoral, alcaldes y gobernadores, se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para terminar de adecuar las medidas de carácter preventivo y los dispositivos de seguridad con el fin de que las elecciones puedan transcurrir dentro de los cauces de la normalidad:
1. A las autoridades electorales y las Comisiones de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Coordinar con la fuerza pública la adopción de medidas de seguridad eficaces para garantizar que los ciudadanos y ciudadanas que habitan las áreas rurales de los municipios identificados en riesgo, se desplacen sin restricción alguna a los puestos de votación y de estos a sus lugares de residencia.
2. A las autoridades civiles, a la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado del nivel nacional, departamental y local. Adoptar las medidas preventivas a efecto de mitigar y evitar la ocurrencia de hechos de violencia que afecten el libre ejercicio del derecho al sufragio como de los posibles actos de constreñimiento y amenazas contra los sufragantes.
3. A la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Comisión de Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales. Aplicar los protocolos de seguridad para el traslado del material electoral y las urnas a las mesas de votación y los lugares de escrutinio, con el fin de prevenir interferencias por parte de grupos armados ilegales y asegurar que las urnas no sean alteradas o extraviadas.
4. A la Dirección General de la Policía Nacional. Que en estricta observancia de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), se incrementen las medidas de seguridad en las zonas urbanas, y se fortalezcan las estrategias y acciones encaminadas a neutralizar el accionar de los grupos armados pos desmovilización de las AUC en el marco del proceso electoral, de manera particular en los municipios en los que se buscó interferir las elecciones del pasado 30 de mayo.
5. A las autoridades civiles y la Fuerza Pública. Adecuar las medidas, especialmente en aquellas zonas en donde existen riesgos de posibles atentados contra los funcionarios, sedes de partidos políticos, electores e infraestructura electoral. Así mismo, prevenir atentados contra la infraestructura energética, vial y de comunicaciones, con el fin de que se brinden las garantías necesarias para proteger la vida, la integridad y la libertad del personal que participa en la jornada electoral, así como el desarrollo de los comicios.
6. A las Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado civil. Adoptar, en coordinación con los Comités Departamentales de Seguimiento Electoral, las medidas que garanticen los medios de transporte para que los electores puedan trasladarse a los respectivos puestos de votación, en el evento de que se detecten alteraciones del orden público.
7. A la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tomar las previsiones necesarias con el fin implementar las adecuaciones que permitan en las zonas y puestos de votación el acceso preferencial de las personas en situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo, entre otras, que se hallen en condición de vulnerabilidad, en especial en el sector de Corferias en Bogotá donde se presentan cierres y desvíos que obligan a las personas a recorrer largos trayectos.
El Defensor del Pueblo, manifiesta que, de acuerdo con el monitoreo realizado por las Defensorías Regionales, la Dirección Nacional de Atención y Trámites de Quejas, los equipos en terreno y el Sistema de Alertas Tempranas, durante la jornada electoral del 30 de mayo, se obtuvo información de que al menos en 45 municipios los grupos armados ilegales buscaron interferir el libre desarrollo del proceso electoral en localidades de los departamentos del Cauca, Antioquia, Arauca, Caquetá, Córdoba, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Guaviare, Meta, La Guajira, Quindío, Tolima y Valle del Cauca, territorios que habían sido identificados previamente con situaciones de riesgo electoral por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Las principales conductas en las que se buscó interferir las elecciones presidenciales del 30 de mayo fueron: hostigamientos, constreñimientos, utilización de explosivos, quema de material electoral, restricciones a la movilidad y actos de perturbación del certamen electoral, que determinaron el traslado de mesas de votación a centros urbanos. Así mismo, se estableció que las principales fuentes del riesgo electoral del pasado 30 de mayo fueron las FARC, el ELN y la estructura armada ilegal conocida como Los Rastrojos.
Destacamos que las medidas que se adoptaron fueron oportunas y eficaces. Y así esperamos que ocurra en las elecciones del próximo domingo.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.