CATALUÑA: El Síndic recomienda un debate parlamentario y la regulación de las pistolas eléctricas antes que los Mossos y las policías locales normalicen su uso

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra del uso de estas armas. Según el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa son armas controvertidas, pueden ser objeto de abusos y causar un dolor intenso.

El Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio ante el anuncio del uso en un futuro próximo de pistolas eléctricas (taser) por parte los Mossos d’Esquadra y de las policías locales. Por este motivo, se ha dirigido al Departamento de Interior y a diversos ayuntamientos para solicitar información detallada sobre la cuestión y, particularmente, sobre sus intenciones respecto a este tipo de arma.

Antes de tomar una decisión definitiva, el Síndic de Greuges recomienda que se tenga en cuenta la posición del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa (CPT), que las define como instrumentos muy controvertidos y advierte de que pueden causar un dolor intenso y ser objeto de abusos.

El CPT, que acaba de celebrar su XXV aniversario en Estrasburgo, con la participación de instituciones de defensa de derechos y expertos de toda Europa, entre ellos, el síndic Rafael Ribó, recomienda que «el uso de las pistolas eléctricas esté sujeto a los principios de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad, advertencia avanzada cuando sea posible y precaución […]».

Según el Síndic, el Parlament debería tomar las iniciativas pertinentes, en la línea de debates anteriores sobre el uso de otras armas, como las pelotas de goma, para reglamentar los instrumentos que puede utilizar la Policía de Cataluña en las labores de seguridad y de orden público.

En este sentido, en caso de que se decidiera hacer uso de las pistolas, la decisión final debería ser, como recomiendan los textos internacionales, objeto de tratamiento y debate legislativo antes de cualquier acuerdo ejecutivo, de manera que se elabore una reglamentación detallada. Todo ello debería hacerse extensible a todas las policías locales.

De acuerdo con los principios del CPT, el Síndic también alerta de que el uso de las pistolas eléctricas requiere una formación específica y que en el caso de manifestaciones el uso de estas armas «puede ser considerado inadecuado siempre que no exista una amenaza real e inmediata de vida o de daños graves». En ningún caso se deberían utilizar contra personas vulnerables.

En lo que respecta a los aspectos médicos, el CPT establece que, a pesar de que los estudios realizados sobre este tema aún no sean terminantes, es evidente que la utilización de armas de descarga eléctrica conlleva riesgos específicos para la salud como la posibilidad de sufrir quemaduras en caso de un uso prolongado en el tipo de contacto.

El Síndic advierte que un informe del CPT incluye datos concluyentes y fidedignos que demuestran que estas armas se han utilizado para provocar malos tratos a personas privadas de libertad y el CPT ha recibido con frecuencia denuncias de amenazas de malos tratos a personas detenidas mediante la utilización de pistolas eléctricas.

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra del uso de estas armas. En referencia al Estado español, en el informe de noviembre de 2009 se recomendaba que no se utilizaran, puesto que los efectos que podían tener en el estado físico y mental de las personas contra quienes se emplearan podían conculcar los artículos 2 y 16 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Diversas policías europeas han descartado su uso.

Las pistolas eléctricas (taser) son armas paralizantes que descargan electricidad sobre la persona para inmovilizarla momentáneamente. En una gran mayoría de casos estas descargas provocan una contracción muscular generalizada que induce a una parálisis temporal y causan una caída al suelo de la persona afectada. Desde el año 2000 se está generalizando su uso en los cuerpos policiales de muchos países. A pesar de estar catalogadas como armas no letales, se ha documentado la muerte de personas en los Estados Unidos y en Canadá tras haber recibido descargas de estas armas.

 

FUENTE: Síndic de Greuges de Catalunya