El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló este domingo que es inaceptable que ocurran muertes violentas de personas que se encuentran detenidas en recintos policiales, como la ocurrida hace unos días en Santa Cruz. «Es inadmisible que en estos lugares, permanentemente vigilados, aparezcan muertas las personas cuya vida y seguridad están bajo custodia y responsabilidad de la policía», afirmó la autoridad.
Al referirse al caso de Dionisio Flores Campos, de 41 años, quien fue encontrado muerto, presuntamente por suicidio, en una celda policial en la capital cruceña, el Defensor dijo que «las verdaderas causas de la muerte deben ser confirmadas por la investigación fiscal, sin embargo, nosotros reclamamos por la irresponsabilidad y desidia de la institución policial que no toma las medidas necesarias para proteger la vida y la seguridad de las personas que se encuentran en sus recintos y que muchas veces son víctimas de violencia de policías, de otros detenidos o pueden atentar contra su vida», señaló.
Al respecto recordó que la Policía Boliviana, cuando decide la detención de una persona, independientemente de su situación o condición, asume la obligación de garantizar su vida y su seguridad, lo que implica no solamente evitar acciones que puedan ponerlas en peligro sino también, las omisiones que puedan afectarla.
Según explicó el Defensor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre seguridad ciudadana, ha señalado que la obligación del Estado, en relación con la protección del derecho a la vida en la implementación de la política pública sobre seguridad ciudadana, se incumple si el Estado no adopta las medidas de protección eficaces frente a las acciones de particulares que pueden amenazar o vulnerar el derecho a la vida de las personas.
Más adelante, la autoridad indicó que solicitará al Comandante General de la Policía un informe sobre las medidas que se tomaron para prevenir la ocurrencia de estas muertes a partir de los primeros hechos suscitados el año pasado. «Quiero reiterar públicamente mi indignación por estos hechos que deben merecer una investigación minuciosa, una sanción a los responsables pero sobre todo la toma de acciones efectivas para evitar que se repitan, por eso voy a pedir al Comandante un informe sobre las acciones que se asumieron en su oportunidad», señaló Villena.
El Informe defensorial sobre el ejercicio de los derechos humanos en la gestión 2014, incluye una relación de cuatro muertes ocurridas en recintos policiales el año pasado: un médico de 35 años sindicado por el delito de tentativa de feminicidio, un empresario de 40 años, una mujer de 32 años y un transportista detenido por conducir en estado de ebriedad. Los tres primeros casos se dieron en La Paz y el cuarto en Potosí. En ninguno de ellos se llevaron adelante procesos contra los responsables de la custodia de los detenidos los recintos policiales, pese a las dudas sobre la versión de suicidio que se generaron alrededor en uno de los casos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia