La protección de los derechos humanos de las víctimas del delito, representa una genuina expresión de solidaridad que la sociedad y el Estado, le debemos a aquellos que han sufrido un daño por acciones ilegales.
El Procurador del los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, expresó lo anterior al poner en marcha el Congreso Nacional «Retos y Perspectivas de la Ley General de Víctimas», organizado por este Organismo autónomo.
Manifestó que en la Procuraduría de los Derechos Humanos, existe consciencia de que la implementación y práctica de políticas públicas tendientes a proteger y garantizar los derechos de las víctimas del delito requieren significativas inversiones de tiempo, personal y recursos financieros, así como cambios y adecuaciones normativas; sin embargo, resulta inaplazable satisfacer las necesidades fundamentales de las víctimas, acelerar su recuperación y asegurar justicia para ellas.
Mencionó que a través de la celebración de este Congreso podrán difundirse los derechos fundamentales, proponer programas de vinculación institucional con organismos públicos y privados, que permitan ampliar el universo de atención, observancia y protección de los derechos de las víctimas del delito.
«Para la oficina del Ombudsman, es fundamental unir esfuerzos con las autoridades de todos los niveles y con la sociedad organizada, para impulsar la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos».
Dijo que el delito provoca un enorme costo para sus víctimas, porque penetra el nivel más profundo de la integridad de la persona, no solamente en su aspecto físico, sino en su estado emocional alcanzando a sus relaciones sociales y familiares, su situación económica y jurídica en la mayoría de los casos.
Agregó que en un ambiente de inseguridad, las víctimas del delito son las más afectadas en su dignidad y aspiración a la justicia.
El Ombudsman señaló que los efectos de la victimización dañan de manera aún más nociva a los grupos vulnerables; investigaciones muestran que aquellos afectados por la victimización previa, son particularmente susceptibles de ser nuevamente victimizados a través de la misma u otras formas del delito. Esta victimización secundaria ocurre no como un resultado directo de la acción delictiva, sino a través de la respuesta de las instituciones y los individuos hacia la víctima.
La victimización secundaria institucionalizada, dijo Rodríguez Junquera, puede darse a través de decisiones sobre sí procesar o no, por el juicio mismo y la sentencia del autor del delito o por su eventual liberación, todo ello sin reparar en las circunstancias especiales de la víctima, lo que en su momento podría alcanzar una negación de sus derechos.
Otras instituciones tales como las hospitalarias o educativas, añadió el funcionario, son susceptibles a través de sus políticas o prácticas de revictimizar a las personas mediante acciones u omisiones que afecten u ofendan su sentido de dignidad.
Esta situación, continuó el Procurador de los Derechos Humanos, debe comprometernos a analizar nuevas estrategias para las víctimas del delito, que les garanticen el respeto a su dignidad, compensación por el daño que han sufrido, acceso efectivo al sistema de justicia penal y servicios de asistencia en su recuperación.
Exhortó a los asistentes a este Congreso Nacional a generar mecanismos que se orienten a la búsqueda de propuestas concretas para su atención rápida y eficaz.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, representante personal del Gobernador, Miguel Márquez Márquez, al inaugurar el evento, dijo que en el Estado de Guanajuato, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales se adquiere el compromiso y observancia para garantizar la aplicación de esta nueva Ley General de Víctimas.
Agregó que las autoridades estatales, recurren a acciones de capacitación policiaca, generan políticas públicas integrales para la prevención del delito y el respeto a los derechos inherentes de las personas.
Existe el compromiso del Gobierno del Estado, especialmente del titular del Poder Ejecutivo, para que aquí en Guanajuato, se continúe para salvaguardar la integridad jurídica y personal de las víctimas, aplicando mecanismos de ayuda, asistencia, acceso a la justicia y la reparación del daño.
Manifestó que del año 2011 a la fecha en el Estado, se ha atendido a 14 mil 806 víctimas del delito, mientras que de enero a marzo de este año de este año, se atendieron mil 413 personas victimizadas.
Durante la celebración de este Congreso Nacional, se contó con la participación de conferencias y panelistas de Venezuela, Costa Rica y Argentina. Se contó también con la presencia de investigadores nacionales, quienes con sus conocimientos enriquecieron el evento.
Asistieron además, representantes de los tres Poderes del Estado, así como funcionarios estatales y municipales.
FUENTE: Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato