«Cuando hay irregularidades no debe haber tolerancia», aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima Roberto Chapula de la Mora, al expresar su opinión luego de la suspensión de los jueces Ramón Cervantes Amezcua y Virginia Salas Rebolledo, titulares de los juzgados segundo penal de Tecomán y Manzanillo, respectivamente.
Y es que por acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), en sesión celebrada el martes 31 de julio, se instauró procedimiento de responsabilidad administrativa contra estos jueces.
El defensor de los derechos humanos en el estado consideró que es importante cuidar la imagen del Poder Judicial, de manera que indicó que de comprobarse que las conductas «antisociales» denunciadas constituyen un delito, también acreditarlas, «también lo grave de los hechos es que el Ministerio Público adscrito a los juzgados deben estar pendientes a que se aplique la ley, lo más grave radica en las fianzas que sujetan a las personas para la reparación del daño, la libertad bajo caución».
Finalmente, Roberto Chapula expuso que no está en posición de prejuzgar conductas, sino en la opinión de que se investiguen los hechos para que se demuestre que la responsabilidad no es del juez para que lo restituyan en su lugar, «pero que no haya impunidad, porque debe haber transparencia y honestidad, no prejuzgamos conductas, debe investigar el Poder Judicial y responsabilidades y si los hechos constituyen delitos está el MP para que actúe en consecuencia».
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima