Luego de recuperar su libertad, el señor David Feliciano Pillaca se reunió hoy con miembros de la Defensoría del Pueblo, encabezados por el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, a fin de agradecer las gestiones realizadas en su favor ante el Poder Judicial. Ante dichos funcionarios, expresó su preocupación por el inicio de un nuevo juicio oral, con lo cual el proceso no puede darse por concluido.
Al respecto, el Defensor del Pueblo manifestó que los procesos judiciales no pueden extenderse de forma indebida, como en este caso que conllevó a la detención de un ciudadano por cerca de 6 años. «»Frente a los graves daños que han sufrido los derechos del señor Feliciano exhorto al Poder Judicial a realizar un análisis minucioso de los elementos probatorios –que en este caso evidencian su inocencia- y se acelere su proceso para que se resuelva de forma definitiva», acotó el funcionario durante el encuentro sostenido esta mañana con el mencionado ciudadano.
Por su parte, José Ávila, Jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, refirió que la Defensoría del Pueblo conoció este caso en septiembre del año 2011, cuando sus familiares acudieron a la institución refiriendo que la condena de 20 años de cárcel se basó en una prueba falsa.
«Se le incriminó que su huella dactilar aparecía en el vehículo que fue utilizado para el secuestro de un ciudadano español, según un dictamen emitido por peritos de la Policía Nacional. Luego que estudiamos el expediente, pudimos advertir que esa prueba que –inicialmente- fue utilizada para fundamentar su condena había sido desvirtuada por otro dictamen pericial ordenado por la propia Inspectoría General de la Policía Nacional», señaló Ávila.
El funcionario explicó, que mediante Oficio Nº 144-2011-DP/ADHPD-PPAPP, de fecha 18 de octubre del 2011, la Defensoría del Pueblo presentó un documento donde se resaltó la necesidad de que el Poder Judicial tome en consideración la nueva pericia dactilar que desvirtuaría la participación en los hechos delictivos del señor David Feliciano Pillaca. Este Oficio fue cursado ante la Presidencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Posteriormente, el 15 de marzo del 2012, su institución presentó un segundo documento ante el vocal de la Corte Suprema, encargado de decidir si el proceso judicial era declarado nulo o se confirmaba la sentencia de 20 años impuesta por la Sala Penal.
Ávila resaltó que el voto a favor de la nulidad del proceso por parte del vocal dirimente -lo que ha determinado la libertad de esta persona- resulta una decisión adecuada, no obstante, según la ley se debe realizar un nuevo juicio oral donde se defina su situación jurídica.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú